México, 11 mar (RHC/PL) Representantes de más de un centenar de organizaciones políticas y sociales definen respuestas a lo que definen como "ofensiva imperial contra procesos progresistas en Latinoamérica y el Mundo".
Se trata de la segunda jornada de debates del XX Seminario Internacional "Los partidos y la nueva sociedad", que organiza el Partido del Trabajo de México.
En la capital mexicana se reúnen hasta el 12 de marzo delegados de unos 40 países de varios continentes, quienes denunciaron la "contraofensiva del imperialismo que, en Latinoamérica, resisten gobiernos como los de Venezuela, Bolivia, Brasil y Ecuador.
También lo rechazan partidos y organizaciones sociales de Argentina, Honduras, Nicaragua y de otros países, que recibieron aquí el apoyo de representantes de Europa, África y Asia.
El foro aprobó por unanimidad la celebración de una jornada mundial en solidaridad con la Revolución bolivariana y el pueblo venezolano, el 19 de abril, cuando esa nación conmemora 227 años de independencia.
Rodrigo Cabezas, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), afirmó que su país vive una nueva arremetida del gobierno de Estados Unidos, "cuyos intereses hegemonistas sobre la riqueza petrolera venezolana tiene la subordinación de sectores de la derecha".
El dirigente político venezolano dijo que la democracia en su país es una conquista de la Revolución bolivariana, que es violada constantemente por Washington y su "quinta columna interna".
La reunión rindió homenaje al expresidente Hugo Chávez, en el tercer aniversario de su muerte, a quien reconoció como paradigma para el ejercicio de la práctica revolucionaria; y a la luchadora social hondureña Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo.
Mientras el gobierno mexicano afirmó que tomó las disposiciones para aseguar la vida de Gustavo Soto, retenido por autoridades hondureñas tras el asesinato de la activista social Berta Cáceres.
Un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo que mantiene contacto permanente y apoyo consular con Soto, quien fue testigo del crimen que cobró la vida el 3 de marzo de la dirigente indígena, ambientalista y social hondureña.
El pronunciamiento afirma que el mexicano recibe protección consular a la que tiene derecho bajo la legislación de su país y "la Convención de Viena de Relaciones Consulares, siempre con pleno respeto de las leyes hondureñas".
La SRE señaló que el gobierno de Honduras "está adoptando todas las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad del testigo".
La embajada de Mexico solicitó oficialmente al gobierno de Honduras que detalle el alcance de las medidas adoptadas y seguirá velando por su pleno cumplimiento, añade el texto oficial.
La SRE también pidió que se permita a Soto "retornar a México lo antes posible, desde donde seguirá colaborando con el proceso de investigación como lo prevé la propia normatividad hondureña y el acuerdo vigente entre ambos países para facilitar la asistencia jurídica mutua en materia penal".
