Brasilia, 26 may (RHC) Brasil vive hoy bajo los efectos de un golpe multidimensional: parlamentario, de clase, de género y de raza, según la apreciación de la exministra de Mujeres, Igualdad Racial y Derechos Humanos Nilma Lino Gomes.

No hay expectativa de reconocimiento de la diversidad en un gobierno golpista, señaló la primera mujer negra en dirigir una universidad pública en el país, para quien la integración de un equipo gubernamental es un retrato de la concepción que está por detrás del mismo.

Un gobierno formado por hombres, blancos, de una misma generación, la misma clase social, e inclusive con trayectorias políticas complicadas ante la propia justicia, ya trae implícito un mensaje para el pueblo, dijo.

Interrogada por el diario Brasil de Fato respecto a la extinción de la cartera de Mujeres, Igualdad Racial y Derechos Humanos, la profesora y pedagoga la catalogó como un gran retroceso.

Ese ministerio, subrayó, fue la cara de los movimientos sociales en su relación con el Gobierno, trabajando con sujetos que tuvieron una coincidencia de desigualdad, discriminación y exclusión.

Su existencia, las áreas de trabajo en que fue dividido y las agendas seguidas dentro de éste constituyeron respuestas que el Ejecutivo dio a la sociedad, señaló Gomes, para quien la desaparición de la cartera y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Justicia "es una señal muy negativa".

Respecto a esa determinación, la exministra dijo hacer dos lecturas, la primera de las cuales es que el gobierno pasa a considerar los movimientos sociales un problema de seguridad pública y, en consecuencia, tiene que mantenerlos bajo vigilancia.

La propia trayectoria de quien está a cargo del Ministerio de Justicia (el exsecretario de Seguridad de Sao Paulo Alexandre de Moraes) significa que habrá una relación muy dura con los movimientos sociales, valoró.

Poco antes de asumir su nuevo cargo, De Moraes catalogó las protestas contra el proceso de impeachment de Dilma Rousseff como "actos guerrilleros", amenazó con identificar a los participantes y advirtió que en caso de producirse algún tipo de violencia, estos serían tratados como delincuentes y no como manifestantes.