La tenencia de la tierra en Honduras se ha caracterizado históricamente, por la desigualdad en el acceso a ese recurso y su
concentración en manos de unos pocos.
De hecho más del 70% de las tierras está en poder de un 10% de grandes productores, mientras que las comunidades campesinas e indígenas enfrentan despojos constantes.
La denominada Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, impulsada por el derechista Partido Nacional, del presidente Nasry Asfura, y aprobada en los últimos días por el Congreso hondureño, agrava este viejo problema.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su preocupación de que la norma afecte los reclamos ambientales y de territorios de campesinos, indígenas y afrodescendientes.
Así también lo han denunciado diversos sectores de la sociedad, que afirman que la legislación favorece latifundios y busca proteger las tierras de grandes productores para evitar procesos de recuperación en el marco de la reforma agraria.
Igualmente criminaliza las acciones en defensa del derecho a la tierra. Estipula la intervención de la policía y el ejército para proteger los terrenos de los grandes productores.
El dirigente campesino Yoni Rivas declaró a la agencia francesa de noticias AFP que la norma traerá más pobreza, migración y violaciones de los derechos humanos en la nación centroamericana.
Presentada con el engañoso argumento de ser un mecanismo de seguridad alimentaria, lo cierto es que responde a los intereses de grandes grupos económicos que se dedican a monocultivos para la exportación.
No tiene en cuenta las necesidades reales de la población, cuyo 46% vive en zonas rurales y depende de la agricultura para su subsistencia y se ve ahora más excluída.
La ley facilita asimismo, permisos automáticos para proyectos, reduciendo los controles ambientales y la supervisión del estado.
Como han denunciado organizaciones sociales hondureñas mientras no exista voluntad para abordar seriamente la distribución de la tierra, y se sigan privilegiando los intereses de una élite económica y política se agudizará el problema agrario que desde hace décadas vive Honduras.
