El estado de excepción por tiempo indeterminado y el polémico sistema de seguridad vigente en El Salvador sirvieron de cobertura a un inédito juicio masivo contra los que se presentan como 400 cabecillas de las bandas Mara Salvatrucha.
El proceso, extendido a varias jornadas por el alto número de casos a ventilar, presenta entre sus peculiaridades que los prisioneros sean juzgados desde la propia megacárcel construida por el gobierno.
Se trata del CECOT, Centro de Confinamiento del Terrorismo, exhibido como insignia del sistema de seguridad que sostiene la guerra contra las bandas dictada por el presidente Nayib Bukele, quien controla todos los poderes del Estado.
En opinión del vicepresidente Félix Ulloa, los juicios masivos tienen carácter “innovador” y afianzan la responsabilidad “colectiva” por los delitos.
Organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos denunciaron lo que consideran irregularidades en ese tipo de juicios, por cuya causa se violarían los derechos humanos.
Entre las anomalías citan restricciones de acceso a la defensa, detenciones sin pruebas, muertes bajo custodia y la existencia de un estado de excepción desde 2022 que allanó el camino hacia la aprehensión de más de 91 mil personas.
El gobierno se defiende aduciendo que entre los 400 cabecillas sometidos a juicio masivo se encuentran 22 a quienes les atribuye la muerte de 80 policías y más de 47 mil crímenes entre 2012 y 2022.
La fiscalía, dependiente del gobierno, alega que los delincuentes encausados autorizaban a matar a rivales y personas que rechazaban sus extorsiones.
Al exponerlos ante la prensa uniformados con el color blanco, rapados, con mascarillas y sus múltiples tatuajes, el CECOT les otorga a sus reos una imagen siniestra.
El gobierno de Bukele presenta su modelo de seguridad como exitoso porque destaca la caída de la violencia, de ahí que se afiance la idea de que la tranquilidad ciudadana debe estar relacionada con la suspensión de derechos.
En algunos países latinoamericanos afirman estar interesados en el modelo Bukele, por su énfasis en la represión, a pesar de no alentar estrategias educativas, sociales y económicas que brinden más opciones de vida a adolescentes y jóvenes.
Dicho de otra forma, les interesan más las soluciones rápidas contra la delincuencia, aunque los costos sociales sean lesivos.
