A la ciudad brasileña de Belém, donde transcurre COP30, la trigésima Conferencia de las Partes de la Convención de la ONU sobre el Cambio Climático, llegó Cuba con planes concretos que ratifican su compromiso con la agenda adoptada internacionalmente para hacer frente a este fenómeno que amenaza la vida en el planeta.
Es así que en febrero pasado la Mayor de las Antillas presentó su Contribución Nacionalmente Determinada 3.0, en respuesta al llamado global de aumentar la ambición climática.
En 2015 Cuba expuso su Primera Contribución Nacionalmente Determinada, que cinco años después actualizó, en concordancia con lo estipulado en el histórico Acuerdo de París sobre las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del Cambio Climático.
El actual documento define las metas nacionales en materia de mitigación y adaptación al cambio climático hasta 2035, aspecto este último que considera prioritario dado el impacto sobre los ecosistemas y asentamientos humanos.
En cuanto a la mitigación, las acciones contemplan sectores claves como la energía, la agricultura y el desarrollo forestal, entre otros.
La nación caribeña, aunque tiene un bajo nivel de emisiones de gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global, es altamente vulnerable al cambio climático por su condición insular.
Pero sus planes y acciones para enfrentar esta amenaza global se ven limitados por la persistencia del bloqueo norteamericano, que obstaculiza el acceso a financiamiento e incluso, presiona a otros países para que no colaboren con Cuba.
El cerco económico impide la adquisición de tecnología de avanzada necesaria para la implementación de las medidas de adaptación y mitigación.
Asimismo entorpece la cooperación sobre el tema con científicos estadounidenses, y el acceso a información especializada en sitios digitales.
Cuba está seriamente comprometida con la protección del medio ambiente. Asi lo demuestra la Constitución proclamada en 2019, el plan del Estado de Enfrentamiento al Cambio Climático, denominado Tarea Vida y aprobado en 2017, y una serie de normas que refuerzan la responsabilidad del gobierno, instituciones y comunidades en el cuidado del planeta.
