En septiembre de 2025, la administración estadounidense inició ataques a lo que llama lanchas que en el Mar Caribe y Océano Pacífico acarrean drogas, aunque nunca ha presentado evidencias del narcotráfico.
En una ofensiva tan polémica como oscura, la potencia del norte ha asesinado a cerca de 200 personas y destruido 57 embarcaciones en aguas internacionales.
Mediante el uso desproporcionado de la fuerza militar, Estados Unidos acomete ejecuciones extrajudiciales, como han denunciado expertos en derecho.
Señaladas por la opinión pública como acciones violatorias del Derecho Internacional y contrarias a leyes de la nación ejecutora, la ofensiva amenaza a América Latina y el Caribe.
El Comando Sur es el ejecutor principal de una operación enfocada inicialmente contra el gobierno de Nicolás Maduro, aunque después del secuestro del presidente y su esposa se han reportado nuevos casos.
Denominado Lanza del Sur, el asalto a presuntas lanchas del narcotráfico siguió a la designación el año pasado como organizaciones terroristas a varios cárteles narcotraficantes.
Esa simple denominación sirvió para que Washington la considerara como permiso de ataque, aunque no representaran un peligro inminente para sus fuerzas navales y aéreas.
Solo valió lo que Trump presentara como una agudización necesaria de la violencia para frenar el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos, sin que se conozca de redadas a lo interno para atenuar el consumo y narcotráfico.
Expertos dijeron que en el caso del fentanilo, alucinógeno de moda y letal, resulta estéril actuar sobre embarcaciones en alta mar, pues suele traficarse por tierra.
A estas alturas, prosigue la intercepción y aniquilamiento de las supuestas narcolanchas y se evade la captura y presentación a la justicia de los alegados ejecutores.
Paradójicamente, el mismo gobierno que ordena tales ataques afirma sentirse aludido por el derribo por la fuerza aérea cubana de dos avionetas, 30 años atrás, en aguas jurisdiccionales.
Los aparatos pertenecían a un grupo terrorista que había penetrado el espacio aéreo cubano en 25 ocasiones, cada una denunciada por el gobierno hasta hacer pública su decisión de no tolerarlas más.
Tres décadas después, la comunidad internacional aún aguarda porque Washington lleve a las cortes a quienes dice perseguir en el Caribe y el Pacífico por supuestos vínculos con el narcotráfico.
