Por: Guillermo Alvarado
Por fin esta semana la Organización de las Naciones Unidas reconoció que existen evidencias de un genocidio atroz contra el pueblo rohingya, una pequeña y olvidada comunidad musulmana que habita en el norte de Myanmar, país conocido en occidente como Birmania.
Miles de personas debieron morir y cientos de miles iniciar una precipitada fuga por selvas y pantanos hacia la vecina Bangladesh, donde están hacinadas en campamentos insalubres y carecen de casi todo lo necesario para sobrevivir.
En varias ocasiones he abordado este tema, pero mientras la tragedia continúe será necesario hacerlo una y otra vez, hasta lograr que el destino este pueblo, definido como el más perseguido del mundo, haga mella en la conciencia de la comunidad internacional.
El asesor especial de la Organización de las Naciones Unidas para la prevención del Genocidio, Adama Dieng, aseguró que las autoridades birmanas han perpetrado crímenes contra la humanidad durante la ofensiva desatada desde agosto del año pasado contra este grupo étnico.
Denunció que a pesar de múltiples advertencias, la comunidad internacional ha echo caso omiso de actos bárbaros contra los rohingyas, víctimas de asesinatos, torturas, violaciones, quemados vivos y humillados sólo por su origen étnico y su religión. Agregó que es necesario que todos, incluyendo al Consejo de Seguridad, adopten medidas urgentes para poner fin a esta situación.
El origen exacto de los rohingyas es desconocido y según sus propias tradiciones son descendientes de comerciantes árabes que transitaron por esos lugares desde la edad media. Myanmar, sin embargo, asegura que se trata de inmigrantes ilegales que se asentaron en el norte durante la ocupación británica en la Segunda Guerra Mundial.
El caso concreto es que no se les reconoce la nacionalidad, carecen de derechos civiles, laborales y sociales e incluso no pueden ser propietarios de su vivienda. En un país de mayoría budista, son perseguidos también por ser musulmanes.
En agosto de 2017 un grupo armado rohingya atacó algunos cuarteles de la policía, lo que dio lugar a una violenta represión a manos del ejército, que fue calificada como una limpieza étnica bien planificada y ejecutada con extrema dureza.
Adama Dieng señaló que toda la información recibida en el lugar de los hechos apunta a la intención de hacer desaparecer a esta comunidad del norte del país, lo cual califica como delito de genocidio.
No se descarta que la jefa de Estado de facto, la Premio Nobel de la Paz de 1991, Aung San Suu Kyi, sea responsabilizada por estos crímenes de lesa humanidad.
La ONU también denunció que las denominadas redes sociales jugaron un papel activo y determinante en esta tragedia al difundir cientos de miles de mensajes incitando al odio hacia este pueblo, que ha sido descrito como “sin Estado” y virtualmente “sin amigos”, ni siquiera en su propio continente.
