Por: Roberto Morejón

Como parte de la brutal guerra económica contra Venezuela, la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, apuntó al centro neurálgico de las exportaciones de la nación sudamericana, al bloquear importantes activos de PDVSA.

Con ese ataque, Washington afectó al menos un capital de 7 mil millones de dólares de la empresa Petróleos de Venezuela.

Además de congelar capitales, la Casa Blanca restringió importar combustible desde Estados Unidos, de manera que se hará más complejo para Venezuela reformular la gasolina comerciada en el mercado local.

NO satisfechos con estas cortapisas, los agresores se apoderarán de los fondos de las operaciones de CITGO, una refinadora y distribuidora de combustibles de propiedad venezolana asentada en el país norteño.

Cínicamente, el cavernícola asesor de Seguridad Nacional John Bolton afirmó que el asalto a los ingresos financieros de PDVSA NO estaba dirigido contra el pueblo de Venezuela.

Es precisamente la población la que sufrirá ---junto a los efectos de la guerra económica--- por la reducción de divisas, traducida en una menor capacidad de compra de renglones esenciales.

Debe recordarse que PDVSA siempre estuvo  entre los blancos predilectos del acoso estadounidense, porque antes le aplicaron medidas coercitivas a funcionarios venezolanos y limitaron operaciones de la entidad estatal.

Como era de esperar, el hombre de Washington en Caracas, el diputado opositor Juan Guaidó autoproclamado “presidente encargado”, aplaudió las acciones de su mentor.

Bolton y el reaccionario senador Marco Rubio declararon la intención de pasar los activos venezolanos incautados al control de Guaidó, seleccionado como marioneta tras frenéticas maniobras del vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado, Mike Pompeo.

O sea, al tratar de que el legislador fantoche se apodere de recursos del Estado venezolano, buscan asegurar en un futuro el control de Washington de la economía del país sudamericano, si lograran ---como aspiran--- un cambio de régimen en la nación bolivariana.

Sin embargo, el gobierno constitucional de ese país anunció la apelación a los tribunales para evitar lo que atinadamente calificó de robo.

Tal y como ocurrió en una reciente reunión en el Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia y China, entre otros gobiernos, han denunciado  el vulgar despojo de bienes venezolanos por la administración de Trump.

La comunidad internacional debe oponerse a la reedición en Venezuela del plan para derrocar al gobierno de Libia, cuyas reservas internacionales fueron congeladas en 2011 con vistas a acelerar el derrocamiento de Muammar Al Ghadafi.

Tal y como ocurrió con el país norafricano, todo apunta a una conspiración de Estados Unidos y algunos de sus aliados europeos, para controlar los inmensos recursos naturales de Venezuela aunque para ello tengan que pisotear el Derecho Internacional.