Por: Roberto Morejón
El Estado colombiano es inefectivo en la preservación de los derechos humanos básicos, aunque el gobierno finge no ver y se concentra en derrocar al presidente del país vecino, Nicolás Maduro.
La preocupante matanza de líderes sociales llegó a 24 en el transcurso de 2019 para sumar cerca de 500 desde la firma de los acuerdos de paz en 2016.
La rúbrica de los documentos abrió un compás de optimismo, hoy pulverizado.
Tanto el ex presidente Juan Manuel Santos como su sucesor, Iván Duque, hicieron caso omiso de los llamados a desmontar el paramilitarismo y el estadista actual cerró el diálogo con la otra guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional.
En medio de la violencia indetenible pugnan por ganar atención la desigualdad, pobreza y los contratiempos económicos.
Los índices de estafas, indigencia, robos, narcotráfico, desempleo y bajos salarios son denunciados por fuerzas sindicales.
Al menos 321 niños fallecieron por desnutrición en Colombia en 2018, la tasa de paro llegó a 11 por ciento y uno de los principales renglones económicos, el café, atraviesa por una fase crítica.
Esa producción ocupa junto a la minería y el petróleo la condición de estratégica para el presente y futuro de Colombia, ahora amenazados por el desplome del precio del estimulante.
Las cotizaciones no cubren los costos de obtención y utilidades y Colombia busca vender su grano sin atenerse a las tarifas de la bolsa de Nueva York a las que les atribuye la profunda crisis.
El tercer productor mundial de café después de Brasil y Vietnam sufre igualmente por la sobreoferta en el mercado mundial y las altas cosechas del vecino de habla portuguesa.
El trance que perjudica a casi 540 mil familias dedicadas en Colombia al cultivo del aromático renglón apunta hacia el gobierno por sus insuficientes paliativos.
El primer mandatario ocupa su tiempo en la desestabilización de Venezuela, en sintonía con Estados Unidos.
Duque permaneció tres días en la ciudad fronteriza de Cúcuta para asegurar la introducción a la fuerza en Venezuela de una alegada ayuda humanitaria, antesala de la intervención.
El gobernante no escuchó los reclamos de los nativos de la urbe, donde 600 mil personas sufren miseria y el comercio se desploma después del cierre de la frontera.
Si el gobierno colombiano colaborara con una solución pacífica del conflicto venezolano y evitara las provocaciones de forajidos, la calma volvería a la zona.
NO obstante, los cafeteros, las familias de los activistas sociales abatidos, los desempleados y los que sufren las desigualdades parecen condenados a luchar en medio del abandono oficial.
