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La Fiscalía en la batalla por la protección al consumidor

Las denuncias y reclamaciones de los consumidores pueden servir de punto de partida para la ejecución de investigaciones y verificaciones fiscales. Foto: Archiv

Las denuncias y reclamaciones de los consumidores pueden servir de punto de partida para la ejecución de investigaciones y verificaciones fiscales. Foto: Archiv

Por Enrique Valdés Machín

El tema de la protección al consumidor en Cuba ha cobrado fuerza en los últimos meses; la promulgación de la Resolución 54/18 de la Ministra de Comercio Interior (MINCIN) desató las pasiones: de un lado quienes aplauden la medida- los más perjudicados- y, por el otro, los timadores de siempre que advierten “deja que baje el nivel…”

Recientes inspecciones han demostrado que ni la aparición de la normativa por sí sola, ni el dejar a la buena voluntad de administraciones y directivos la solución del problema, resultan suficientes.

Ahora muchas miradas apuntan hacia la Fiscalía porque a ella, como órgano del Estado, le corresponde la observancia del control y preservación de la legalidad, y debe desempeñar un papel importante en esta batalla.

En busca de respuestas a problemas relacionados con el tema de la protección al consumidor conversamos, en exclusiva para la ACN, con Reynaldo Cruz Rivera, fiscal jefe de la Dirección de Verificaciones Fiscales de la Fiscalía General de la República (FGR).

Esta institución- afirma- ha estado siempre a la vanguardia en la participación y acompañamiento al país en la aplicación de las políticas relacionadas con fenómenos sociales o económicos, y la protección al consumidor no va hacer la excepción.

Aunque ahora la nación esté volcada con fuerza en  garantizarla, el tema no es nuevo pues desde hace bastante tiempo la comunidad internacional encargó a los Estados  crear las condiciones y adoptar las medidas  físicas, estructurales y organizativas para preservar los derechos de los ciudadanos.

Eso en la legislación cubana está recogido, entre otros documentos jurídicos, en la Constitución de la República, la cual en uno de suscapítulos refrenda que al Estado le corresponde la protección de uno de los derechos más importantes porque se encuentra relacionado con los niveles de consumo del ser humano por naturaleza.

No somos los únicos ni estamos solos en este enfrentamiento, la FGR cuenta con varias direcciones y esferas de trabajo diseñadas para ese asunto como la dirección de Atención al Ciudadano, vía por la cual recibimos denuncias y reclamaciones de consumidores que consideran que en algún momento le fueron quebrantados sus derechos y acuden a nosotros  en busca de amparo.

La mencionada Dirección tiene una oficina en cada provincia y municipio, y su misión es la de conducir y tramitar con los involucrados la solución del problema y la respuesta  al promovente.

Pero también- y eso es importante que se conozca-  si la queja en cuestión la emite un ciudadano que no pudo acceder a algunos de los productos de la canasta familiar, tema prioritario para nosotros, entonces nos comunicamos con la institución encargada y exigimos rápida respuesta.

Incluso, explicó Cruz Rivera, en no pocas ocasiones esas denuncias y reclamaciones han servido de punto de partida para la ejecución de investigaciones y verificaciones fiscales, con la participación de especialistas e inspectores afines a la materia.

El Código Penal también se encuentra en sintonía con el enfrentamiento a este fenómeno pues recoge en uno de sus capítulos la conducta delictiva Infracción de las Normas de Protección al Consumidor, en la cual califican un grupo de hechos que con mucha frecuencia la población denuncia e incluso los órganos del Ministerio del Interior (MININT) también lo  afrontan.

A tono con lo anterior, en las últimas verificaciones a los Almacenes Mayoristas de Productos Alimenticios detectamos manifestaciones de infracción de las citadas normas relacionadas con el expendio de mercancías vencidas hacia la red minorista.

Ese caso lo tramitamos por la vía de los procesos penales con una política penal bien identificada de  racionalidad y rigurosidad.

Los esfuerzos del país para garantizar la protección al consumidor – como establecen las directrices de las Naciones Unidas-,  serán preservados y la vía judicial constituye un instrumento eficaz para sancionar esas violaciones con la severidad que cada caso requiera, afirma Cruz Rivera, y concluye:

"La única institución que puede  promover la acción penal pública en Cuba es la Fiscalía, y en materia de protección al consumidor no le va a temblar la mano".

(Tomado de la ACN)

Editado por Martha Ríos
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