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Posición política del PP agrava crisis institucional en España

Madrid, 18 mar (RHC) El presidente del Congreso de los Diputados de España, Patxi López, intentará este viernes dirimir un conflicto institucional con el gobierno saliente de Mariano Rajoy, a raíz de su negativa a someterse al control parlamentario.

López se reunirá con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Ayllón, para tratar de convencerle de que el ejecutivo, aunque esté en funciones, debe rendir cuenta ante la Cámara baja surgida tras las elecciones generales del 20 de diciembre, reporta Prensa Latina.

La reunión se produce un día después que el ministro de Defensa interino, Pedro Morenés, se negó a comparecer ante el Congreso, tal y como solicitaron todas las fuerzas políticas, salvo el conservador Partido Popular (PP), para informar sobre lo tratado en una reunión de la OTAN.

Según la interpretación del gobierno en funciones, éste no está obligado a someterse al control del legislativo elegido hace tres meses.

En opinión de la administración de Rajoy, que en los pasados comicios no logró la mayoría absoluta para mantenerse en el poder, la Cámara baja sólo podría ejercer esa autoridad sobre el futuro gobierno que se forme, una tesis rechazada por todos los partidos menos el PP.

López explicó que no se pretende ejercer un examen rutinario como cuando el ejecutivo tiene la confianza plena de ese cuerpo, sino sobre aquellas decisiones que pueda adoptar en esta etapa transitoria, como es el caso.

Si no hay acuerdo, el pleno del Congreso tendrá que decidir si acude al Tribunal Constitucional y plantea este inédito conflicto de atribuciones.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, consideró profundamente antidemocrático que la Cámara baja no pueda fiscalizar la actividad del Palacio de la Moncloa (sede gubernamental).

En esa línea, apremió a alcanzar un acuerdo de investidura lo antes posible para evitar esta situación.

Alertó que de no lograrse ese pacto se iría a unas nuevas elecciones, con lo que España estaría hasta 10 meses con una administración interina sin supervisión legislativa.

Editado por Julio Pérez
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