El presidente, Donald Trump, es un ejecutivo “de derecho”. No bastan las intenciones. Debe tener un sólido respaldo jurídico. La Ley de Insurrección que el presidente, Trump, no descarta invocar para contener las protestas internas en el país, permite al mandatario desplegar al Ejército para reprimir episodios de desorden civil.
Aunque popularmente se la conoce como Ley de Insurrección de 1807, se trata de una amalgama de distintos estatutos promulgados por el Congreso entre 1792 y 1871, según subraya el Centro Brennan para la Justicia, un instituto de pensamiento no partidista que aboga por el Estado de derecho. Esa normativa está considerada uno de los poderes de emergencia más contundentes. En circunstancias normales, la ley, Posse Comitatus, prohíbe que el Ejército participe en actividades de aplicación de la ley civil. Invocar la Ley de Insurrección, suspende temporalmente esa otra legislación.
La ley está pensada para ser aplicada en crisis que superen la capacidad de respuesta de las autoridades civiles, pero, según el Centro Brennan, su uso no está claramente definido ni limitado, lo que otorga a los presidentes un poder considerable para estipular cuándo y dónde desplegar las fuerzas militaresdentro del país. Aunque una de sus provisiones, la 251, señala que requiere el consentimiento de un Estado, otras dos, la 252 y 253, le permiten movilizar a las tropas sin la petición del Estado afectado e incluso en contra de su voluntad.
La Ley de Insurrección no debe confundirse con la ley marcial, entendida como un poder que permite al Ejército asumir el papel del gobierno civil en una situación de emergencia. En cambio, sí autoriza que las fuerzas armadas ayuden a las autoridades civiles. El Centro Brennan recuerda, que un presidente no tiene autoridad para invocar la ley marcial.
La última vez que se hizo uso de la Ley de Insurrección fue en 1992, bajo el mandato de George H.W. Bush (1989-1993). California solicitó al entonces mandatario republicano esa ayuda militar en respuesta a los disturbios civiles registrados en, Los Ángeles, tras la absolución de cuatro policías blancos acusados de golpear a un conductor afroamericano.
En el pasado sí se ha invocado a pesar de las objeciones de los gobernadores locales. Así, los presidentes, Dwight Eisenhower, (1953-1961) y John F. Kennedy, (1961-1963) hicieron uso de ella para facilitar la integración escolar después del histórico fallo del Supremo en el caso Brown contra la Junta de Educación, que declaró inconstitucional la segregación racial en las escuelas públicas.
Trump no ha invocado formalmente la Ley de Insurrección, pero sí ha afirmado que si debe hacerlo lo hará. Este lunes se refirió en concreto a la ciudad de Portland, en Oregón, que según él está “en llamas” y que tiene que intervenir para aplacar lo que él considera una “insurrección criminal”, según dijo a los reporteros en el Despacho Oval. La batalla legal entre Oregón y el Ejecutivo ha escalado después que la jueza, Karin Immergut, nominada por Trump, prohibiera temporalmente el despliegue de soldados de la Guardia Nacional de Oregón y de cualquier otro Estado, mientras estudia una demanda estatal que argumenta que el envío de tropas es “ilegal e innecesario”.
