por Guillermo Alvarado
Finalizado el proceso de selección e inscripción de candidatos a la presidencia y el Congreso Nacional en Chile, así como de los pactos políticos, el país sudamericano está ya inmerso en campaña de cara a las elecciones programadas para el 16 de noviembre próximo.
Ocho candidatos aspiran al Palacio de La Moneda, si bien sólo tres tienen posibilidades de hacerlo: Jeannette Jara, militante del Partido Comunista y propuesta por la coalición de gobierno; José Antonio Kast, del ultraderechista Partido Republicano y Evelyn Matthei, de la derecha tradicional.
Son corrientes ideológicas y políticas diferentes, pero entre sus propuestas a la ciudadanía a cambio del voto hay una que es común a todos, el tema de la seguridad y, dentro de él, la amenaza del crimen organizado.
Chile ya cruzó la línea que separa a los países que observan la evolución de este negativo fenómeno de aquellos que viven todos los días con sus consecuencias, si bien hasta hace poco, un año o dos, quizás, allí se pensaba que eran inmunes a esta lacra.
Hace pocas semanas ese país despertó de la peor manera, al descubrir militares traficando drogas desde la frontera norte hacia la zona central.
La realidad es que las bandas del crimen organizado se mueven ya dentro de las diversas formas de economías ilícitas, como el narcotráfico, la trata de personas, el trasiego de armas, la explotación de migrantes, el lavado de activos y el cibercrimen.
En base a los recientes acontecimientos, la escalada es más grave al penetrar en las instituciones, en particular en las Fuerzas Armadas, diseñadas en principio para proteger al país y no para entrar en el lado oscuro del delito.
Por esto los candidatos a la presidencia se apresuran a enviar señales a la sociedad para aplacar los temores, cada uno dentro de su pensamiento.
Kast, por ejemplo, ofrece un programa basado en recortar derechos para recuperar el orden, blindar a carabineros, ejército y gendarmería para ejercer el “uso legítimo” de la fuerza y perseguir con dureza a los inmigrantes.
Matthei no se aparta mucho de esa línea dura y tratará de conseguir la seguridad ciudadana con inversiones multimillonarias, construir cárceles, expulsar inmigrantes, todo eso sin ningún enfoque preventivo.
Mientras, Jara parte de la idea de lograr “seguridad sin miedo” y quizás su única novedad sea levantar el secreto bancario, algo a lo que la derecha se opone rabiosamente en el Parlamento.
El fenómeno es complejo, pues el temor entre la gente puede llevar a la postura de que es mejor perder derechos para ganar seguridad, la fórmula predilecta de la ideología extremista.
