La administración de Donald Trump somete a niños latinoamericanos a procedimientos inmigratorios acelerados y los persuaden a salir voluntariamente de Estados Unidos.
El proceso sufrió un temporal inconveniente cuando una jueza federal bloqueó las deportaciones rápidas de migrantes sin audiencia, que incluye la parálisis de la partida, por semanas, de infantes procedentes de Guatemala.
La magistrada subrayó que el gobierno debe avalar un adecuado sumario.
Ocurre que adultos indocumentados no son los únicos expuestos a ser proscriptos, si bien la cifra es alta, pues unos 150 mil de ellos fueron deportados en los primeros seis meses de la presidencia del magnate inmobiliario.
El Servicio de inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, tiene instrucciones de ofrecerles a menores migrantes que arribaron solos a la frontera la oportunidad de auto-deportarse.
Esta política se aparta de lo usual, o sea, la entrega por las autoridades federales de la mayoría de los adolescentes no acompañados al Departamento de Salud y Servicios Humanos.
De manera que la ofensiva migratoria de la administración actual incluye en su radio de acción a una población considerada vulnerable.
Especialistas subrayaron que los niños y adolescentes no están en situación de entender las repercusiones de una autodeportación, especialmente sin orientaciones de abogados.
En un esfuerzo por sacar del país a la mayor cantidad posible de personas sin papeles, los organismos oficiales operan con menores, ante el estupor de entidades de derechos humanos.
Ahí están, en todo su horror, los operativos del ICE en escuelas donde se matriculan niños y adolescentes indocumentados.
No hay que dudar de afirmaciones de valedores de la niñez en el sentido de que algunos chicos bajo custodia de patrocinadores muestran desesperación, al temer la expulsión.
La estrategia sume en la zozobra a los familiares de los infantes que marcharon solos hacia Estados Unidos, la mayor cantidad de ellos oriundos de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Tienen razón los defensores de las libertades ciudadanas al subrayar que la seguridad infantil debe priorizarse sin importar la administración en la Casa Blanca.
Mucho más, destacan, cuando envuelve a menores migrantes frágiles, sin tutor y padres cercanos, proclives a ser llevados ante un juez.
Se trata de la utilización política de esos casos con el objetivo de presentarlos como un grave problema social.
