Ecuador ha recibido dos llamativas visitas de altos funcionarios estadounidenses en el año en curso, con el objetivo, entre otros, de allanar el terreno para la instalación de bases militares.
El Secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio, en septiembre, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en noviembre, adelantaron ese propósito, a la par del reforzamiento del despliegue militar de Estados Unidos en el sur del Mar Caribe.
Con el argumento público de perseguir al narcotráfico y el solapado de presionar a Venezuela, Washington desplegó una flota de guerra en el Caribe, y ahora acelera procedimientos de seguridad con el leal gobierno de Daniel Noboa.
Este último, quien desplegó el ejército en las calles de Quito ante recientes protestas, promueve la permanencia extranjera en tales enclaves, con el pretexto de reforzar su combate contra el crimen organizado y el narcotráfico.
Esa política, que descansa en la reiteración de los estados de excepción, ha rendido pocos frutos, sin que por ello aumente el asentimiento hacia los anunciados proyectos de traer bases estadounidenses.
Ante un asunto tan espinoso, el conservador presidente Daniel Noboa dijo que incluiría en el referéndum del próximo día 16 para convocar a una Asamblea Constituyente y así modificar la Carta Magna, una pregunta sobre si los ciudadanos consienten enclaves militares foráneos.
Prohibidos por la presente Carta Magna, no obstante, los gobiernos anteriores al de Noboa acordaron realizar con Estados Unidos operaciones conjuntas en alta mar.
Con esos precedentes, el primer mandatario baraja las posibles ubicaciones de las bases en las ciudades de Manta o Salinas en la costa del Pacífico.
No descartó inicialmente el archipiélago de los Galápagos, aunque la opción es cuestionada abrumadoramente por los ambientalistas.
Como uno de los principales aliados de Donald Trump en la región, Daniel Noboa busca diluir los debates internos sobre las bases extranjeras e incluso conversa con Francia y Reino Unido acerca de lo que él califica de “importancia” de contar con su representación militar.
Los críticos no se cruzan de brazos al exponer que la irrupción militar foránea no resolverá la inseguridad en Ecuador, pues falta un plan claro para combatir el crimen, y además está en peligro de comprometer la soberanía nacional.
