En Argentina, bajo el gobierno del presidente Javier Milei, el mercado laboral ha sufrido un duro golpe. El empleo informal ha crecido a pasos agigantados en los últimos dos años, lo que trae aparejado más ciudadanos sin estabilidad económica y sin protección social.
Desde que Milei llegó a la Casa Rosada, en diciembre de 2023, se han perdido en la nación suramericana unos 300 mil empleos formales. En la actualidad la informalidad se sitúa en un 43%, uno de los índices más alto de los últimos tiempos.
Esta alarmante cifra significa que casi seis millones de argentinos se desempeñan en el mercado laboral informal, siendo los jóvenes el sector más afectado.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, una de las ramas más perjudicada ha sido el del servicio doméstico, en el que cerca de 71% de los trabajadores no está registrado.
También se han visto golpeadas otras esferas como la de la construcción, que perdió 61 MIL puestos de trabajo, seguido por los servicios.
La caída del salario real se suma a esta situación, que provoca desigualdad y exclusión social, al tiempo que, de acuerdo con los expertos, afecta el desenvolvimiento de la economía.
En este contexto el gobierno que preside Milei envió en diciembre pasado al Congreso una propuesta de reforma laboral, que ha sido rechazada por buena parte de la sociedad, al estimar que tendrá un impacto devastador sobre el empleo y el sistema de protección social.
Organizaciones sindicales, entre ellas la CGT, Confederación General del Trabajo, la mayor central obrera de Argentina, señalaron que no se oponen a debatir cambios en el mercado laboral, pero el proyecto, apuntan, no favorece la creación de empleos, quita derechos a los trabajadores y solo beneficia a las grandes empresas.
Ya en diciembre pasado los argentinos salieron a las calles en protesta a la reforma laboral impulsada por el gobierno, y que califican de ataque directo a los trabajadores.
En febrero próximo el Congreso, en sesiones extraordinarias, debatirá la propuesta gubernamental, que para muchos representa un retroceso en materia de derechos laborales.
