El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la implementación de un arancel global general del 10 % sobre las importaciones.
La medida fue comunicada horas después de que la Corte Suprema de Justicia declarara ilegales los fundamentos de los gravámenes que la Administración había impuesto previamente bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA).
Para sostener la política arancelaria, el mandatario informó que el Ejecutivo utilizará la Sección 122 de la Ley de Comercio, normativa que otorga al presidente la facultad de establecer aranceles de hasta el 15 % por un periodo de 150 días en situaciones de desequilibrio en la balanza de pagos, sin requerir la aprobación inmediata del Congreso.
La decisión de la Casa Blanca representa un choque directo con el Poder Judicial. Este viernes, la Corte Suprema invalidó los aranceles destinados a combatir el tráfico de drogas y los denominados «aranceles recíprocos», al considerar que el Ejecutivo excedió sus facultades legales.
El presidente de la Corte, John Roberts, fue enfático al señalar que la Constitución otorga exclusivamente al Congreso el «acceso a los bolsillos del pueblo» mediante la recaudación de impuestos.
Sin embargo, Trump calificó la sentencia como “profundamente decepcionante” y acusó a los magistrados de estar influenciados por intereses extranjeros.
“Me avergüenzo de los jueces que votaron en contra. Francamente, son una vergüenza para nuestro país”, dijo.
Para la Administración Trump, los aranceles son vistos como la mejor herramienta para proteger la industria local, aunque analistas advierten sobre el impacto en los precios globales y la estabilidad de los mercados.
Según el magnate, EE.UU. ha recaudado cerca de 600.000 millones de dólares bajo este concepto, fondos que considera vitales para que el país no quede «indefenso financieramente».
Trump confirmó que mantendrá vigentes todos los aranceles de seguridad nacional (Sección 232), además continuará con los aranceles de la Sección 301 (usados previamente contra China) e iniciará nuevas investigaciones por «prácticas desleales» que podrían derivar en tarifas adicionales.
Tras el fallo de la Corte, la devolución de unos 150.000 millones de dólares recaudados ilegalmente en el último año queda en la incertidumbre.
El presidente adelantó que no habrá reembolsos automáticos: “Supongo que esa devolución tendrá que ser litigada en los tribunales”, advirtió, obligando a los importadores a iniciar largos procesos judiciales para recuperar su dinero.
Un reporte de TeleSur sostiene que con este movimiento, Washington no solo tensa la cuerda con sus socios comerciales internacionales, sino que desata una crisis institucional interna al ignorar los límites constitucionales impuestos por su propio sistema judicial.
