A la par del declive de la seguridad, en Ecuador observan con estupor la degradación del medio ambiente, luego de ser en el pasado uno de los países con más perspectiva en su preservación.
Aquel avance se neutraliza por cambios desplegados por el conservador presidente Daniel Noboa, heredero de una familia muy rica, con vastas propiedades y poco apegado al cuidado del hábitat.
Abanderado del neoliberalismo, el primer mandatario afirma tener como premisa el combate de la delincuencia, narcotráfico y lavado de dinero, pero también abre las puertas a la minería y la prospección del llamado oro negro.
Con tales aspiraciones, expertos denuncian que quedarán atrás los planes y leyes que contemplaban la relación armoniosa entre el Hombre y otras formas de vida.
Ecuador exhibe casi 20 mil especies de plantas, mil 500 de aves, 341 de mamíferos y más de 840 de reptiles y anfibios.
Toda una riqueza biológica expuesta hoy a incendios forestales, contaminación minera, deforestación, exploración de litio y acciones del crimen organizado.
Los cabecillas de este último son responsables de la expansión de la minería ilegal que no tiene pautas y reglas.
Ecuador, con sitios declarados Patrimonio Mundial como las Islas Galápagos y parques como el Yasuní, planea ahorrar partidas del presupuesto y elimina el Ministerio del Ambiente.
El gobierno, empeñado en demoler entidades del Estado alegando buscar la eficiencia, continuó con la explotación del bloque 43, en el parque nacional Yasuní, a pesar de que hace dos años una consulta popular decidió detener la extracción de petróleo.
No parece importar al poder la oposición de pueblos indígenas al desenfreno de la minería subrepticia y la perforación de hidrocarburos, con la amenaza directa a la Amazonía.
Todo lo anterior que atenta contra el ecosistema se une a la agudización de la sequía, hasta el punto de afectar el funcionamiento de las hidroeléctricas, decisivas para calzar en más de 70 por ciento el aprovisionamiento energético en el país sudamericano.
La sequía hidrológica exacerbó los incendios que arrasaron con casi 77 mil hectáreas en 2024.
Expertos demandan dar un vuelco a la agricultura y comenzar a reducir la dependencia económica de la extracción de petróleo.
Pero es indispensable que el Estado redistribuya la tierra y el agua y facilite créditos a los labriegos, sin que por el momento se comiencen a dar pasos en ese sentido.
