Si planteamos como variables las políticas gubernamentales y las 176 medidas cubanas, tomadas en junio de 2026, estamos anticipando como hipótesis un resultado positivo dentro del marco de la sociedad cubana actual.
La isla está inmersa en un panorama económico caótico, transversalizado por un incremento de las medidas coercitivas de Estados Unidos y la crisis estructural del sistema capitalista mundial de la actualidad con un crecimiento moderado y desigual en la etapa post-pandémica.
Las medidas tomadas en Cuba articulan mecanismos funcionales al mercado, manteniendo el papel rector del Partido Comunista y la guía macroeconómica del Estado, para hacer triunfar la soberanía en condiciones difíciles de guerra no convencional y multidimensional, sustentado en el bloqueo económico, comercial, financiero y petrolero recrudecido.
A diferencia de los programas de ajuste neoliberales o los impuestos por organismos financieros internacionales, nuestro paquete emanó de un diagnóstico institucional autóctono orientado a desarrollar las capacidades productivas propias con recursos nacionales y creatividad, sin transitar hacia fórmulas ajenas al proyecto histórico de 67 años de Revolución.
La reforma completa abarca 23 ejes temáticos y modifica 148 disposiciones del ordenamiento jurídico, incluyendo la derogación de 15 normas, la modificación total de 22 y parcial de 79, además de la elaboración de nuevas leyes y decretos, evidenciando la capacidad del modelo socialista para autoperfeccionar sus relaciones de producción atendiendo a los factores objetivos y subjetivos del momento histórico.
La crítica de la opinión pública versa en torno a la posibilidad de ampliar la brecha de la desigualdad y revertir el proceso revolucionario, ó en cuanto a la efectividad de esas medidas para salir de la crisis que se vive en la isla caribeña con escasez de alimentos, inflación monetaria, carencia de recursos materiales y materias primas, más un deficit energético que deja inoperante la esfera productiva y la de los servicios.
Así describió el panorama el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel, el 26 de julio: «El inmenso dolor de las familias cubanas se confirma en estadísticas: muertes causadas por la falta de medicamentos que durante décadas el país produjo y entregó gratuitamente o a precios subsidiados y hoy no alcanza a garantizar; más de 100 000 cirugías que no pueden planificarse ni ejecutarse, porque los hospitales no pueden ser protegidos de los apagones imprevistos en las ya frecuentes caídas del Sistema Electroenergético Nacional y por la falta de combustible para las plantas de apoyo; más de 118 000 pacientes de cáncer, entre ellos 1 200 niños que no pueden recibir los tratamientos de primer nivel, y están obligados a tratamientos alternativos de segunda y de tercera línea; y lo que es tan o más doloroso, la tasa de mortalidad infantil subió a 9,3 por cada 1 000 nacidos vivos, frente a los 4 o 5 que se registraban en años anteriores. ¡En esos números van los rostros de niños que no vieron la vida como consecuencia directa del bloqueo y de su genocida condición!».
Como una solución coyuntural para conservar lo esencial, las transformaciones incorporan nuevas formas de gestión, amplían la participación de todos los actores económicos y reconocen el papel de los mecanismos de mercado como instrumentos para una asignación más eficiente de los recursos, todo sobre la base de diversificar la gestión de diferentes formas de propiedad: estatal, cooperativa, mixta y privada en pequeñas y medianas empresas.
En ello el estado ejerce un control macroeconómico estratégico mediante la planificación indicativa, la política industrial y la regulación financiera, lo cual evidencia una reforma económica que instrumentaliza mecanismos de mercado sin transferirles la regulación suprema de las relaciones sociales.
La dirección de la Revolución pidió la participación popular para hacer más efectivo y regulado el proceso y aseguró que son una intervención quirúrgica para incentivar la producción de alimentos y energía, evitando los shocks terapéuticos que destruyen el tejido social y protegiendo la gratuidad de los servicios estatales fundamentales.
Ellas tienen un carácter histórico porque toman como principio la implementación efectiva de las transformaciones del modelo económico y social aprobadas por el Partido en 2011, proceso que mostró resultados positivos hasta mediados de 2019, cuando se produjo un recrudecimiento sustantivo de la política de sanciones del gobierno de Estados Unidos.
También tienen intríseca la actualización de ese modelo, formalizado en los Lineamientos y en la Conceptualización del Modelo Económico y Social, y las indicaciones del General de Ejército Raúl Castro Ruz y del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como los planteamientos contenidos en el Programa de Gobierno.
Además se recogió el criterio de especialistas de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, académicos y representantes de las comisiones económicas del Partido y de la Asamblea Nacional.
Este marco teórico postula la creación de riquezas con una distribución justa, donde la modernización tecnológica del sistema empresarial socialista de todo el pueblo es un objetivo central para potenciar las fuerzas productivas sin abandonar los principios de equidad social y protección integral.
Todo ello tiene un basamento en la distribución justa de las riquezas y la atención a los fenómenos sociales que incrementan los índices de pobreza e indigencia, con una política gubernamental de llegar a las personas más necesitadas y vulnerables.
Se trata, que la solución de la ecuación económica en condiciones de atraso y crisis, obtenga como resultado el desarrollo de las fuerzas productivas y una mejora en las condiciones de vida del pueblo. Debemos desterrar de nuestras mentes que la ecuación derive a un resultado sin solución en los límites finitos y racionales.
