Desde el propio ascenso al poder de Donald Trump en su segunda temporada como presidente de Estados Unidos se han sucedido un grupo importante de críticas a sus iniciativas tanto en política exterior como interna, que han contado como punto conector con la idea de que sus acciones más que tratar de defender los intereses nacionales (o federales) del país en realidad debilitan su liderazgo político y su pujanza económica.
Desde la llamada guerra tarifaria, hasta la supuesta lucha contra la criminalidad y el debilitamiento del aparato estatal, algunos observadores han planteado que difícilmente tendría mayor éxito en tan corto tiempo alguien que se hubiera propuesto conscientemente minar desde su interior el funcionamiento de las instituciones y normas políticas, económicas y sociales que han predominado en los últimos 80 años de sueño (o pesadilla) americano.
Sin embargo, entre finales de agosto e inicios de septiembre del presente año tuvieron lugar una serie de hechos que tienen que ver con la salud real de Estados Unidos y su gente, que no solo debilitan en términos prácticos su bienestar, sino que constituyen un reto insalvable hacia el futuro.
La audiencias para el nombramiento y la propia ratificación de Robert Francis Kennedy Jr como Secretario de Salud y Servicio Sociales permitieron conocer la visión de este sobre un grupo de temas, en particular lo relativo a las vacunas y las campañas que con la utilización de estas se salvan miles de personas de enfermedades prevenibles.
Es cierto que más de una vez vacunas en mal estado, o aquellas que no se han sometido a un riguroso proceso de certificación han causado daños irreparables en sus receptores. Es cierto también que una y otra vez los miembros del lobby llamado Big Pharma han gastado inmensas sumas de dinero para evitar que se ejerza el control adecuado sobre sus propuestas de nuevos medicamentos, o para que los procesos sean expeditos. Pero algo totalmente diferente es que se niegue la enorme evidencia científica que demuestra que muchos hallazgos a escala de laboratorio, que se han convertido en productos o servicios médicos han salvado la vida de muchas personas y particularmente menores. Esta certeza va más allá de credos políticos o creencias religiosas.
Los grupos y personalidades pro y contra la vacunación masiva han hecho vocales sus posiciones durante años en Estados Unidos y el resto del mundo. Pero poco a poco se fue imponiendo la evidencia sobre el efecto positivo de las mismas en la salud humana y animal. Las normas de regulación nacionales se discutieron a nivel internacional, dando paso a los protocolos que hoy se reconocen dentro del sistema de Naciones Unidas y otros organismos multilaterales.
No obstante, la pandemia de la COVID19 sirvió como nuevo campo de batalla para que cada parte mostrara sus armas filosóficas, se enfrentara la ciencia contra la incredulidad, volviera a primer plano el falso cristianismo, y se olvidara que la salud es un concepto social y no individual. Ponerse una mascarilla y observar restricciones de movimiento fueron presentados como “ataques a las libertades fundamentales”. Se consideró como un “derecho humano” el de un individuo (no el de su comunidad) que irresponsablemente podía contagiar al resto.
Ya en el 2020 (Trump 1.0) esas visiones sirvieron desde la política para desacreditar y desprestigiar a organizaciones y líderes científicos estadounidenses que habían construido su carrera sobre la base de estudios, publicaciones y muchas horas de laboratorio, o de docencia. La incorporación de nuevos hallazgos a la salud humana, animal y vegetal permitieron a Estados Unidos durante finales del siglo XX e inicios del XXI encabezar las listas de mejores resultados en cuanto a esperanza de vida, menor riesgo alimentario y eliminación de plagas. En la misma medida en que la ciencia avanzó comenzaron a aparecer restricciones a la actividad industrial, a la influencia mercantilista sobre el medio ambiente, al manejo irresponsable de desperdicios de procesos productivos.
Dicho en términos prácticos, el llamado fracking (inyección de agua a presión) para aumentar la producción de petróleo a bajos costos contaminó el manto freático, la industria del plástico contaminó los océanos y los pesticidas para aumentar las cosechas contaminaron las tierras. Poco a poco la “derecha política” se fue identificando con los reclamos de los productores multimillonarios que eran regulados desde los hallazgos de la ciencia y la “izquierda política” (o parte de ella) tendía a representar los nuevos derroteros que trazaban los resultados de las investigaciones.
Todo ello se reflejó en el surgimiento y desarrollo de las dos academias de ciencias nacionales de los Estados Unidos, en el más grande ente de diplomacia científica del mundo nombrado Sociedad Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS), en la creación y funcionamiento de la entidad regulatoria Administración de Drogas y Alimentos (FDA) y en el Centro de Control de Enfermedades (CDC), entre otros.
En un país en el que no existe un solo sistema de salud, sino que prevalece una amalgama de ellos que se superponen entre sí a nivel privado, público, universidades, fundaciones e instituciones federales, estaduales o locales; en un escenario donde la información médica de un paciente está gobernada por cacareadas normas de confidencialidad que limitan el cálculo del impacto social de una enfermedad, aunque sus intimidades se compartan y se almacenen masivamente en redes sociales, Estados Unidos registra cinco o seis veces más víctimas fatales en una pandemia que aquellos que actúan de forma mancomunada.
Ahora, en el remake de Trump, una discusión entre el Secretario Kennedy y la recién nombrada directora del CDC, Dra Susan Monarez, hace que esta última pierda el empleo, que renuncien en solidaridad otros directivos y provoca que escriban una carta pública otras personalidades que han ejercido el cargo y que piden la renuncia del primero. Todo ello repercutió en una audiencia pública en el senado estadounidense en la que los demócratas y masa y varios republicanos se cuestionaron la actitud del funcionario.
Pero hasta aquí este sería un recuento tenue de la realidad. Cada vez salen a la luz nuevos criterios y datos de expertos que alertan sobre la seriedad de que la negación de la ciencia de salud humana se convierta en ley.
En el caso específico del CDC, se ha despedido ya a 2400 especialistas, una quinta parte de su platilla total y cesaron a los 17 miembros del Panel Asesor sobre Vacunación.
Actitudes semejantes se asumen respecto a los recursos humanos y financieros de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y otras instituciones federales.
Según un artículo publicado por The Hill el pasado 7 de septiembre los actuales gastos federales para investigación y desarrollo, ofrecidos en su gran mayoría a través de fondos universitarios aprobados por la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF) y los Institutos Nacionales de Salud (NIH), se encuentran en su nivel más bajo de los últimos 25 años. LA NSF ha eliminado fondos de investigación por 1,5 miles de millones de USD y los NIH el equivalente a 8,7 miles de millones. Baste recordar que el 99% de ls 356 drogas aprobadas por la FDA entre el 2010 y el 2019 fueron desarrolladas en parte con financiamiento de los NIH.
Esta realidad, más la revocación de visados a estudiantes extranjeros y de expertos no nacionales que participaban en diversos programas estadounidenses ha provocado que tanto la Unión Europea como la República Popular China hayan aprobado fondos para atraer a sus costas parte de dicho talento científico.
Las arengas políticas reiteradas contra las instituciones científicas antes mencionadas han provocado sucesos tales como que un individuo disparara 500 proyectiles semanas atrás contra la sede del CDC antes de suicidarse, o que EE UU tenga hoy una de las tasas más altas de contagio de sarampión de los últimos años.
Cabe esperar que las críticas se mantengan contra el actual Secretario de Salud, mientras este permanezca en el cargo, pero el tema tiene una raíz mucho más profunda que garantiza su reproducción.
Este panorama puede provocar una reacción en cualquier lector no estadounidense en términos de “allá ellos con sus problemas”. Y podemos coincidir o no, pero el problema es que tanto la salud humana como la protección del medio ambiente, entre muchos otros, son cuestiones de alcance global.
Desde Cuba puede decirse responsablemente que absolutamente todas las agencias mencionadas con anterioridad han actuado a lo largo de los años acorde a su talante científico y, por encima de las restricciones del bloqueo estadounidense, han intercambiado información, consultas y publicaciones con contrapartes cubanas, han asistido a eventos, o han invitado a otros.
De hecho una parte importante de las regulaciones del bloqueo han dejado espacios abiertos para permitir cierto nivel de comunicación entre ambas partes, que permita prepararse y evitar el impacto de huracanes, la propagación de epidemias, garantizar la salud de los mares y humedales, entre vecinos que se encuentran apenas a 90 millas de distancia.
Dicho de otra manera, la conducta política de las autoridades estadounidenses contra el desarrollo científico tendrá consecuencias para su propia sociedad y economías, pero también producirá un impacto en terceros.
Este panorama ha sido observado desde Beijing y otras capitales. Mucho antes de los sucesos antes descritos los dirigentes chinos hablaron de la Iniciativa de la Franja y la Ruta Sanitaria y comenzaron a implementar proyectos que han contado con resultados impresionantes ya en varios países africanos.
A pesar de las limitaciones de todo tipo que enfrenta la Cuba de hoy, no se ha reducido ni uno de los programas médicos que la Isla desarrolla en una multiplicidad de países de mundo, ni se ha negado la atención a un cubano residente en el exterior, ni a un extranjero que ha acudido a la Isla con prontitud para ser atendido por especialistas que ponen su humanidad por delante de sus ingresos. Y por eso se nos pretende condenar. Ya sabemos por qué.
(José Ramón Cabañas, Director del Centro de Investigaciones de Política Internacional -CIPI-)
