Malestar ha generado en la sociedad panameña el reciente anuncio del presidente José Raúl Mulino de explorar un acuerdo para reactivar la explotación en la mina de cobre situada en Donoso, en la provincia de Colón.
Detalló el mandatario que con este fin se llevarán a cabo conversaciones con la empresa Minera Panamá, filial de la transnacional canadiense First Quantum Minerals.
El anuncio provocó un inmediato rechazo. Cientos de personas se manifestaron en Ciudad de Panamá, la capital, en contra de los planes gubernamentales.
Este ha sido un tema de fuerte enfrentamiento entre la ciudadanía y las autoridades. En 2023, durante el mandato de Laurentino Cortizo, el país istmeño fue escenario de multitudinarias protestas, las mayores en las últimas décadas.
Fueron semanas de intensas manifestaciones en rechazo a la explotación de la mayor mina a cielo abierto de Centroamérica, por las afectaciones al medio ambiente y a la salud de las poblaciones cercanas al yacimiento.
De acuerdo con estudios, se han detectado en las personas que residen en las cercanías de las minas graves problemas dermatológicos, daños en la vista, malformaciones congénitas, abortos y una alta concentración de minerales pesado en la sangre.
Ante la fuerte presión popular, la Corte Suprema de Justicia declaró, por unanimidad, inconstitucional el contrato minero existente, lo que obligó al cierre de operaciones.
Ahora tres años después, el gobierno de Munilo, dejando de lado el fallo de la Corte Suprema de Justicia, busca la reactivación del enclave minero, algo que ya se veía venir.
Es así que en abril de este año, mediante un decreto ejecutivo se autorizó a la compañía, que aclaremos nunca se retiró del lugar, a recontratar personal para procesar, mover y exportar el material ya extraído.
Diversas organizaciones calificaron esa acción como una maniobra, encaminada a la reapertura total para extraer cobre, oro, plata y molibdeno.
Gran parte de la sociedad panameña se opone a los planes gubernamentales, pues, afirma, el agua, la vida, el ambiente, los territorios y la soberanía no pueden convertirse en mercancía.
