Las últimas medidas dictadas por Donald Trump contra Cuba constituyen un nuevo y severo endurecimiento de la presión económica sobre la isla, con efectos que recaen directamente en la población.
El 1 de mayo último, Trump firmó una nueva orden ejecutiva que amplía drásticamente las sanciones contra Cuba, en otra más de las tantas vuelta de tuerca en el sextenio de bloqueo a Cuba.
Se trata ahora de la prohibición de acceso a bienes e intereses de funcionarios, empresas estatales y entidades financieras ligadas a sectores estratégicos como energía, minería y defensa.
Las nuevas medidas prohíben transacciones, pagos y donaciones a favor de los sancionados, restringe visas de entrada a EE.UU para los designados y aplica sanciones secundarias a bancos extranjeros que faciliten operaciones con entidades cubanas restringidas.
La amenaza de aplicación de aranceles a países que suministren petróleo a la isla, anunciada anteriormente, forma parte de las maquiavélicas intenciones de la Casa Blanca por tratar de doblegar la resistencia de los cubanos
El resultado de todo el nudo de sanciones es limitar la capacidad de la isla para importar bienes esenciales, profundizar la crisis económica y energética de la población, así como el desabastecimiento de combustible. El impacto más visible es la escasez y el encarecimiento de todo.
Una explicación más clara aún: aumento de los apagones, menos movilidad, mayores retrasos en la distribución de bienes y una sensación general de incertidumbre para las familias cubanas.
En un país donde la economía ya venía debilitada por años de crisis, inflación y falta de recursos, las nuevas sanciones funcionan como una pinza adicional de estrangulamiento.
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Para el pueblo cubano, el efecto real de estas medidas es más carencia, más desgaste y menos esperanza de alivio inmediato.
Pero aún así, los cubanos muestran una resiliencia admirable y no venden su soberanía e independencia a cambio de un alivio en las brutales sanciones contenidas en años de bloqueo yanqui
