Uno de los temas que con marcada severidad está implementando la administración Trump, lo encontramos en la aplicación de la política migratoria, y las deportaciones como instrumento principal de su expresión concreta.
En el caso específico de África subsahariana, ya asistimos a la primera embestida visible, que supuso la información de los inmigrantes ilegales africanos en los EEUU, emitida a principio de la nueva Administración por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), que serían sometidos a deportación, en lo sucesivo, cuyo monto total ascendió a 15,722 personas de 14 países de la región
A diferencia de las administraciones demócratas Obama y Biden, en las que el tema ocupó un espacio importante, en esta oportunidad la versión Trump 2.0 está desarrollando esa agenda acompañada de una narrativa comunicacional agresiva, que se corresponde con lo dictaminado por el Proyecto 2025.
Como se ha podido constatar, en el transcurso del primer año de la segunda administración Trump, si bien varios países latinoamericanos y caribeños constituyen los blancos principales de las deportaciones, como son los casos de Venezuela, Cuba y Haití, el universo africano no escapa a los impactos, aun cuando los números no son comparables con lo verificado en el hemisferio occidental.
No obstante, un elemento distintivo en la aplicación de dicha política ha descansado en los acuerdos bilaterales disímiles alcanzados por Washington con varias capitales africanas, que contempla deportaciones de personas de otras procedencias nacionales al nuevo país de destino; aspecto este que al cierre de 2025 se aprecia que ha ganado terreno.
Es decir, los EEUU bajo Trump 2.0 ha ratificado la postura de xenofobia hacia lo africano subsahariano, que tuvo su evidencia en el primer mandato del magnate-presidente; mientras en la actualidad, esa política hace blanco en países tales como: Burundi, Chad, Guinea Ecuatorial, Libia, República del Congo, Sierra Leona, Somalia, Sudán y Togo, en lo referido a la política de extensión de visados, propiamente.
Al mismo tiempo, Sudáfrica se reafirma en epicentro de la discordia fabricada por la Casa Blanca, lo cual ha quedado patentizado en la retórica incisiva del Presidente de los EEUU, tanto en su diálogo directo con su homólogo Ramaphosa, como a través de los mensajes en la red Truth Social, que hacen referencia a supuesta discriminación de la población blanca, y afrikaner, en lo particular, debido a la Ley de Tierras adoptada por el Parlamento en 2024, y ratificada por el Presidente, a principios de 2025.
En el caso sudafricano, se verifica además el rechazo de los EEUU al más sobresaliente de los BRICS en el continente africano, que sin dudas representaría un mayor protagonismo del Sur global en las relaciones internacionales, al cierre del primer cuarto del siglo XXI.
Pero, las políticas de deportaciones implementadas por Washington de otras nacionalidades a destino africano, constituye una “novedad”, que pudiera marcar una pauta en los vínculos bilaterales, de manera selectiva, promovida por la actual Administración.
Así tenemos las experiencias disímiles, caso por caso, que toma como referente la legislación interna de los EEUU, que se vincula a la concesión o denegación de beneficios, ya sea en materia de visados o ayudas específicas, del mismo modo que se pone de manifiesto la aplicación de los poderes de deportación expedita (fast track), a través del Departamento de Seguridad Nacional, un recurso de política que el presidente Trump ha potenciado.
Varios países africanos han mostrado disposición de recibir deportados nacionales no africanos procedentes de los EEUU, como son los casos del Reino de Eswatini, Uganda, Guinea Ecuatorial y Sudán del Sur, todos motivados por el interés de mejorar las relaciones con los EEUU y obtener alguna facilidad económica, por esa vía.
La población inmigrante procedente de países de África subsahariana en los EEUU alcanzaba la cifra de 2,5 millones de habitantes en 2024, cuyo ritmo de crecimiento ha sido evidente a partir del año 2000, representando el 5% de la población inmigrante total a nivel nacional, equivalente a 50.2 millones.
