Dos mil 25 transcurrió con altas y bajas en los diversos y complejos temas relacionados con el Medio Ambiente.
La crisis global medioambiental ha alcanzado una momento decisivo, con desafíos históricos, pero también con discretas señales de avance en torno a las políticas públicas, la tecnología y los movimientos sociales.
El cambio climático sigue siendo el tema central de la agenda internacional, acompañado de problemas graves como la escasez de agua, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y la crisis de los recursos energéticos.
El evento ambiental más importante fue la COP30, celebrada en noviembre en Belém, Brasil, en plena Amazonía, lo que simbolizó la relevancia mundial de los bosques tropicales, la diversidad biológica y el papel de las comunidades originarias en la protección ambiental.
En esta cumbre se acordó que el 20% de la financiación climática internacional llegue de forma directa a quienes cuidan los grandes bosques tropicales, destacando la función clave de la demarcación de territorios indígenas.
Sin embargo, la COP30 también puso en evidencia la falta de responsabilidad de los principales emisores y las dificultades para dejar atrás el uso de combustibles fósiles a pesar de la presión social y las evidencias científicas.
Entre las tendencias centrales que marcan el año están la transición energética, el auge de la economía circular y el desarrollo de nuevas soluciones como el hidrógeno verde y la recuperación de humedales urbanos.
La digitalización y la inteligencia artificial hacen cada vez más compleja la gestión ambiental, debido al consumo energético y a la huella de carbono creciente de los centros de datos, lo que obliga a aumentar la cuota de energías renovables en la matriz global.
Algunas buenas noticias han llegado desde China, con una notable reducción de emisiones de dióxido de carbono, y desde diversas iniciativas en Europa, centradas en adaptación y resiliencia comunitaria.
En el ámbito social y político destaca el avance en la participación de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes en la elaboración de políticas ambientales, así como el surgimiento de movimientos sociales y programas de educación ambiental que exigen mayor ambición en las leyes y acciones de los gobiernos.
La justicia ambiental, la consulta previa y la equidad social cobran un lugar central en la gobernanza climática contemporánea, tal como lo evidencia la exigencia de nuevas fuentes directas de financiamiento y la defensa de territorios vulnerables.
Los riesgos, sin embargo, siguen siendo graves. Los extremos climáticos profundizan la inseguridad hídrica, los incendios y la contaminación alcanzan a grandes ciudades y zonas rurales, y la pérdida de especies acelera el deterioro de los ecosistemas estratégicos para la humanidad.
A pesar del crecimiento de la inversión en infraestructura verde, la brecha entre lo necesario y lo que efectivamente se invierte sigue siendo amplia. Por ello, se reconoce que la innovación tecnológica debe ir acompañada de una nueva ética ambiental, educación ciudadana y la consolidación de alianzas internacionales entre actores públicos, privados y sociales para enfrentar una década decisiva.
En Cuba, mientras tanto, el trabajo ambiental en este año se ha caracterizado por un enfoque integral que articula leyes, educación, ciencia y cooperación internacional para enfrentar el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.
En este contexto, las prioridades oficiales se centran en mejorar la calidad ambiental en los asentamientos humanos, avanzar en la gestión integral de los residuos –con énfasis en los plásticos de un solo uso– y consolidar la transición hacia una economía circular y una matriz energética más limpia.
Un elemento central es la implementación de la Estrategia Ambiental Nacional, el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático Tarea Vida y la Ley del Sistema de los Recursos Naturales
