El gobierno venezolano, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, atiende las víctimas civiles del ataque en gran escala de Estados Unidos del pasado tres de enero.
La embestida, que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, fue descrita por la administración de Donald Trump como perfecta, enfilada solo contra objetivos militares.
Los reportes oficiales niegan esa versión, al reseñar ataques a zonas civiles, donde viven más de 20 mil personas.
La refriega fue desatada por los helicópteros estadounidenses contra asentamientos en Caracas, la capital, y en los estados centrales de Miranda, Aragua y La Guaira.
Altos mandos venezolanos indicaron que los medios aéreos invasores dispararon misiles y cohetes contra emplazamientos militares y asentamientos civiles.
La invasión, que dejó un saldo de más de cien muertos, entre venezolanos y cubanos, y una cantidad similar de heridos, provocó que fueran alcanzadas por la metralla “personas que nada tenían que ver con un conflicto”, expresó el Ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello.
Informes de prensa resaltaron la situación de civiles que estaban en sus casas dormidos y de repente las bombas y cohetes los sorprendieron, y algunos resultaron heridos o muertos.
Tuvo realce informativo el impacto del fuego de los agresores en el bloque 12, un antiguo edificio ubicado cerca de la Academia de la Armada Bolivariana, en la ciudad costera Catia la Mar, estado de la Guaira.
Si bien, el gobierno venezolano instruyó la investigación de los hechos del tres de enero, el balance preliminar de la acometida evidenció numerosos daños en sedes oficiales y viviendas cercanas.
Nuevamente las fuerzas agresoras estadounidenses cargan sobre sus hombros la responsabilidad por dar muerte a civiles, lo que según la narrativa usual califica como daños colaterales de operaciones militares.
Toca ahora a los pobladores, con el apoyo del gobierno, limpiar escombros de casas dañadas y contribuir a la reparación de unos 463 apartamentos, luego de llorar por la pérdida de los caídos.
Recordemos que de forma paralela al cerco y posterior incursión armada en Venezuela, la flota militar de Estados Unidos en el Caribe ha ejecutado extrajudicialmente a tripulaciones de embarcaciones, descritas como narcolanchas, sin mostrar evidencias de esas imputaciones.
El acto de guerra de Estados Unidos se comporta como un crimen contra la paz que no reparó en el daño directo a civiles.
