Tal y como se esperaba, el Congreso del Perú volvió a apoyar a la autoproclamada presidenta Dina Boluarte y decidió archivar una denuncia constitucional en su contra por las decenas de muertes registradas durante las protestas de finales de 2022 y principios de 2023.
La Comisión Permanente del cada vez más rechazado órgano legislativo concluyó que no hay pruebas suficientes para acusar a la mandataria, una decisión ampliamente repudiada por buena parte de la ciudadanía.
La denuncia, presentada por el ex Fiscal de la República Juan Carlos Villena, también incluye a otros ex funcionarios como el ex primer ministro Alberto Otárola, los ex titulares del Interior Victor Rojas y Vicente Romero, así como al ex ministro de Defensa Jorge Chávez.
La Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las masacres 2022-2023 denunció que una vez más el Congreso le ha dado la espalda a los peruanos.
Varios congresistas expresaron asimismo su inconformidad, al apuntar que las muertes implican una responsabilidad política de Boluarte.
Recordemos que en diciembre de 2022 se llevó a cabo un golpe parlamentario contra el entonces presidente Pedro Castillo. Desde su victoria en las urnas en los comicios generales de 2021, enfrentó Castillo maniobras de la élite política que intentó impedir su asunción. Maniobras que se mantuvieron durante su mandato de 15 meses y que obstaculizaron su gestión.
Su destitución por el Congreso generó movilizaciones de rechazo, que se incrementaron tras la proclamación de su entonces vicepresidenta Boluarte como jefa de Estado y cuya renuncia también reclamaron los manifestantes.
Las protestas fueron violentamente reprimidas por la policía y el ejército. Organismos internacionales afirmaron que los agentes dispararon de forma ilegítima con armas letales.
Asimismo denunciaron que las poblaciones indígenas y campesinas fueron las más afectadas por el uso excesivo de la fuerza, que provocó igualmente cientos de heridos.
La acción del Congreso llega tras la decisión del Tribunal Constitucional del Perú de suspender todas las investigaciones contra Boluarte hasta el final de su mandato en julio de 2026.
La repudiada maniobra del órgano legislativo peruano se esperaba, si tenemos en cuenta que en los casi 3 años de mandato de Boluarte se ha alineado junto a la presidenta, que con apenas una aprobación entre 2 y 3% se ha visto envuelta en varios escándalos.
MariaEl Congreso del país andino ha dado un nuevo paso a favor de la impunidad. Su espaldarazo a Boluarte ha sido calificado por muchos como irresponsable y como un encubrimiento de asesinatos.
