La Corte Constitucional de Ecuador declaró como inconstitucionales la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Integridad Pública, fallo que hoy lamenta el Gobierno de Daniel Noboa.
La decisión fue tomada este viernes en la noche, varias semanas después de que el organismo judicial admitió a trámite las demandas presentadas por sindicatos, organizaciones sociales y gremios de profesionales.
De esta forma, las normativas y las disposiciones derivadas de ellas quedan totalmente anuladas.
De acuerdo con la Corte, la Ley de Solidaridad Nacional mezcló materias económicas, penales y de seguridad, utilizando de forma indebida el procedimiento de urgencia económica.
Ese cuerpo legal contenía definiciones para el «conflicto armado interno» declarado por el Gobierno contra las organizaciones criminales, reformas para visas de ciudadanos extranjeros, entre otros asuntos.
Mientras que la Ley de Integridad Pública, junto con su reglamento y normas conexas, viola los principios de unidad de materia, publicidad y deliberación democrática.
Esta normativa causó críticas entre los funcionarios públicos, cuyos gremios presentaron más de dos decenas de demandas en su contra, ya que contemplaba despidos intempestivos, evaluaciones, entre otras reglas.
Además, planteaba reformas financieras y del Código de la Niñez para juzgar como adultos a los menores de edad, lo cual fue cuestionado hasta por organismos internacionales.
“Estas decisiones recuerdan que ninguna ley puede aprobarse con atajos que limiten el debate público o sin una verdadera justificación económica”, afirmó el tribunal en un comunicado.
El pasado mes de agosto, de forma preliminar la Corte dispuso la suspensión provisional de varios artículos de esas leyes y desde entonces el presidente Daniel Noboa y su equipo mantienen una pugna abierta con los magistrados.
A raíz del más reciente fallo la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, señaló en su cuenta que X que “a nadie le sorprende las acciones de la Corte contra el pueblo ecuatoriano. Ya sabemos para quiénes trabajan y a quiénes sirven”.
“Le arrebataron a los ciudadanos las herramientas para enfrentar a las mafias, a los narcos y corruptos. Tumbaron leyes hechas para la seguridad de los ecuatorianos dejando al pueblo en la indefensión, garantizando la impunidad”, escribió la funcionaria que defendió la propuesta de una Constituyente.
El presidente Noboa insistió en incluir en el proceso consultivo del próximo 16 de noviembre una pregunta para que la ciudadanía decida si desea una nueva Carta Magna y entre sus propuestas está que los jueces constitucionales sean sometidos a juicio político.
