Otras 10 provincias de Ecuador se encuentran este domingo bajo estado de excepción luego de una nueva declaratoria de esa medida por parte del presidente, Daniel Noboa, en medio del paro nacional impulsado por el movimiento indígena.
El primer mandatario justificó la decisión en la existencia de “grave conmoción interna” en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza, que se suman a Imbabura y Carchi, donde ya regía la excepcionalidad.
La declaratoria restringe el derecho a la libertad de reunión que “consiste en limitar la conformación de aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día con el objeto de paralizar servicios públicos, e impedir que se atente contra los derechos, libertades y garantías del resto de ciudadanos”, según el decreto.
De acuerdo con el jefe de Estado, la medida, que estará vigente por 60 días, se fundamenta, “en las paralizaciones y hechos de violencia que han alterado el orden público, provocando situaciones que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos”.
El anuncio se produjo luego de que el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, advirtió a Noboa que las protestas podrían radicalizarse o incluso “tomarse Quito” si no hay soluciones a sus demandas.
“La paciencia se nos va a acabar, señor presidente”, afirmó el dirigente al cumplirse el día 13 de protestas contra la decisión del Ejecutivo de eliminar el subsidio al diésel.
Mientras tanto, las manifestaciones iniciadas el 22 de septiembre, se mantienen en provincias de la sierra ecuatoriana y la amazonía.
Según el monitoreo de la Alianza por los Derechos Humanos, se registraron hasta este viernes 3 de octubre 196 reportes de vulneraciones a los derechos humanos, 110 personas heridas y una persona fallecida, el comunero kichwa Efraín Fuerez.
Las demandas del movimiento indígena incluyen la derogatoria del decreto que puso fin a la subvención al diésel, la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 12 por ciento, rechazo a la Asamblea Constituyente impulsada por el Ejecutivo, y mayor presupuesto para salud y educación.
Mientras tanto, el Gobierno sostiene que las medidas económicas son necesarias y, pese al descontento social, insiste en que no dará marcha atrás con la decisión del diésel.
El nuevo estado de excepción llega un día después que la Corte Constitucional anulara esa medida que regía en cinco provincias bajo un decreto anterior.
El organismo judicial consideró que la excepcionalidad justificada por grave conmoción interna solamente es válida en los territorios de Carchi e Imbabura, en el centro norte del país, epicentro de las protestas antigubernamentales. (Fuente: PL)
