El gobierno ecuatoriano ha afrontado el paro de labores más prolongado desde la asunción del presidente Daniel Noboa, quien ordenó la represión e intransigencia ante las demandas sociales.
Ataques, explosiones, operativos contra la minería ilegal, enfrentamientos entre militares y bandas del crimen organizado, así como coerción contra los que protestan, marcan el panorama de Ecuador.
Este país vive desde 2024 el declarado conflicto armado interno dictado por el primer mandatario para, según su óptica, enfrentar a las bandas criminales, denominadas terroristas.
A ellas les atribuyen las autoridades la responsabilidad por el índice de violencia, persistente a pesar de las promesas de Noboa de frenar la escalada.
Ecuador figura a la cabeza del índice de homicidios en América Latina, comportamiento agudizado durante 2025, ya que en el primer semestre registró más de 4 mil 600 de esos actos contra la vida, 47 por ciento más que en el mismo período de 2024.
A la par de una polarización política creciente, el gobierno decretó la subida del diésel, medida que ya generó masivas protestas durante los períodos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, quienes dieron marcha atrás a sus intenciones.
Ante un procedimiento similar de Noboa, la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, llamó a un paro y a protestas, ocurridas en las últimas semanas.
Ecuador ha vivido jornadas de bloqueos y de ira ciudadana frente a la intolerancia de las autoridades.
Ecuador ha vivido jornadas de bloqueos y de ira ciudadana frente a la intolerancia de las autoridades, las cuales desconocen que el malestar no solo responde al alza del precio del diésel sino a la inseguridad y los intentos de satanizar a la oposición.
Organizaciones humanitarias denunciaron el uso de armas letales contra los manifestantes, quienes rechazan que el gobierno de Noboa actúe de acuerdo con las imposiciones del Fondo Monetario Internacional.
Sus recetas impiden destinar fondos a mejoras en educación y salud, como reivindican quienes protestan, y la reducción del Impuesto al Valor Agregado del 15 al 12 por ciento.
A su vez, la Alianza por los Derechos Humanos ha dado cuenta de 367 reportes de vulneraciones de esas prerrogativas, 205 detenciones y 15 personas desaparecidas durante el paro nacional.
Como señalaron la CONAIE y organizaciones sociales, en Ecuador se adoptan decisiones que responden a los intereses de las élites económicas y de organismos financieros internacionales, con el posterior sacrificio del pueblo y la violación del derecho a una vida digna.
