El reciente exterminio en aguas del Caribe de una pequeña lancha que según el gobierno estadounidense llevaba drogas, en lugar de interceptarla, puso de relieve el uso del poder militar más allá de límites establecidos.
El ataque a la embarcación, supuestamente con 11 narcotraficantes calificados de “terroristas” por la administración de Donald Trump, ha sido interpretado como una demostración de la tendencia a aplicar ejecuciones sumarias contra los delincuentes.
Expertos en derecho, analistas de prensa y otros observadores cuestionaron la narrativa expuesta por el gobierno estadounidense, y consideraron el hecho como una demostración de fuerza ante la asediada Venezuela.
Igualmente lo señalan como un intento de atribuirse el poder extralimitado de transformar las reglas de la lucha contra el trasiego de narcóticos en las vías marítimas.
Tanto Trump como su Secretario de Estado, Marco Rubio trataron de justificar el asalto y posterior neutralización de lo que exponen como tránsito de una lancha, sin obstruir su navegación y someter a los supuestos malhechores a proceso legal.
Con la simple nominación de terroristas a los cárteles de la droga, la administración Trump transfiere impunemente las pautas policiales a las de guerra, sin la autorización del Congreso.
Los inquilinos de la Casa Blanca tenían un precedente al respecto, al enviar al ejército a la ciudad de Los Ángeles para cubrir a los agentes de migración en sus redadas de indocumentados.
Todas las transgresiones anteriores se inscriben en un desaforado intento de presentar al gobierno venezolano como vinculado a cárteles de la droga, sin acompañarlo de evidencias, al tiempo que sus cañoneras cercan al país sudamericano.
Ni el presidente Trump tiene autoridad para dar muerte sumariamente a quienes llama narcotraficantes y terroristas, sin capturarlos y presentarlos a juicio, ni tiene justificación para utilizar ese montaje como herramienta para acosar a un país soberano como Venezuela.
El hecho de que el gobierno estadounidense eluda a legisladores para evitar la explicación sobre lo ocurrido con la lancha supuestamente pulverizada, aumenta las sospechas sobre la credibilidad de la historia y la legalidad del ataque, en caso de ser todo cierto.
Como señalaron expertos, el Derecho Internacional veda el aniquilamiento premeditado de civiles en escenarios que no son de guerra e incluso si existiera un conflicto armado.
