por María Josefina Arce
No solo la alta inseguridad imperante en Ecuador mantiene en jaque al presidente Daniel Noboa, sino que las medidas adoptadas por su gobierno han generado un marcado descontento en la población, que se ha materializado en las calles.
Y organizaciones sociales convocaron a una nueva marcha para el próximo jueves, una jornada en la cual coincidentemente Noboa también llamó a efectuar una movilización a favor de la paz y la justicia en la ciudad de Guayaquil, una de las más afectadas por la violencia.
El llamado del presidente ha sido interpretado por muchos como un intento por invisibilizar las demandas de buena parte de la ciudadanía.
Organizaciones sindicales, estudiantiles y ecologistas cuestionaron la marcha en Guayaquil, y señalaron que los recursos que se gastarán deberían ser asignados a las tan necesarias políticas sociales, que cierren la puerta a la delincuencia y abran nuevas oportunidades para los ecuatorianos.
De ahí que la concentración en Quito, la capital, tendrá como propósito la defensa de la salud, educación pública, trabajo digno, seguridad social y de los derechos humanos y de la nauraleza.
Los ecuatorianos protestarán contra el despido de 5 mil empleados del sector público, en un país donde avanza el trabajo informal, que abarca a 52,4% de la población.
Aunque las autoridades intentaron justificar los despidos con el pretexto de que se busca un estado más eficiente, agrupaciones de la sociedad civil señalan que esta medida forma parte de un plan de ajuste que obedece a las exigencias del FMI, Fondo Monetario Internacional, por el crédito de 5 mil millones de dólares otorgado el pasado año.
En este plan también se inscribe la reducción de los ministerios de 20 a 14 y de las secretarias de 9 a 3, lo que ha provocado un amplio rechazo de buena parte de la ciudadanía que considera que más que un ahorro burocrático, la disposición afecta la implementación de políticas adecuadas, con enfoques y obligaciones diferenciadas.
Los participantes en la movilización en Quito también exigirán la declaratoria de emergencia en salud y educación, sectores vitales que hoy enfrentan un crítico panorama en la nación suramericana, con falta de personal y recursos.
En opinión de los ecuatorianos la situación económica y social bajo el mandato de Noboa se sigue deteriorando en Ecuador, donde la pobreza alcanza a 24% de la población y la desnutrición afecta a más del 20% de los niños menores de 5 años.
