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Ecuador entró en el 2026 con un viejo problema que lacera la vida cotidiana de la ciudadanía: la alta inseguridad reinante por el aumento de la violencia y la actividad del crimen organizado que mantienen en jaque a las autoridades.
El pasado año, el más sangriento en la historia del país andino, se registraron unas nueve mil muertes violentas, superando el lamentable récord de 2023 cuando se reportaron ocho mil 248 homicidios.
Han transcurrido pocos días del nuevo año y el alto nivel de violencia se mantiene, con la ocurrencia de varios hechos criminales.
La respuesta del gobierno que preside Daniel Noboa a esta preocupante situación no ha cambiado. Se sigue apostando por una política de mano dura.
Es así que los ciudadanos amanecieron en el 2026 con la declaratoria de un nuevo estado de excepción en nueve de las 24 provincias ecuatorianas y en tres municipios.
De hecho de estos territorios, cinco provincias y tres municipios ya estaban desde noviembre último en estado de excepción, una medida que suspende los derechos a la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia.
Ahora además, se informó del despliegue de unos 10 mil efectivos militares en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos y Manabí, las más afectadas por la violencia ligada al narcotráfico.
Al tiempo que el alto mando militar se trasladó por tiempo indefinido a Guayaquil, capital de Guayas, para dirigir desde esa ciudad costera las acciones contra el crimen organizado.
Analistas consultados han destacado que el problema no se resolverá solo con la estrategia de mano dura, que incluye el despliegue de las fuerzas militares y la sucesiva declaración de estados de excepción. Hacen falta, subrayan, políticas que incentiven la educación, el empleo y la salud para cerrar la puerta a la delincuencia.
Muchos se preguntan qué podrá aportar el mandatario en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, en el que abordará la seguridad, cuando la nación suramericana enfrenta una incesante ola de violencia.
Y es que lo cierto es que Noboa no ha cumplido con su promesa de poner fín a la violencia, que lo llevó a la presidencia en 2023 y a su reelección dos años después.
La realidad es que hoy Ecuador es el país más violento de América Latina, con una tasa de 51 asesinatos por cada 100 mil habitantes y un promedio de 25 muertes diarias.
