Por Guillermo Alvarado (RHC)

Las políticas neoliberales aplicadas en Argentina por el gobierno del presidente Mauricio Macri han dado como resultado que esa nación sea en estos momentos la más endeudada de toda la región, lo que compromete seriamente el futuro de la economía gaucha y la estabilidad del país.

Desde que llegó al poder por medio del partido Cambiemos, el Jefe de Estado puso en marcha un programa para liberar el cambio de divisas y abrir la exportación de capitales, al mismo tiempo que eliminó impuestos para las grandes empresas y trasladó las cargas tributarias a los sectores medios de la población.

Tales prácticas generaron la caída de la moneda nacional frente al dólar estadounidense y elevaron en espiral el costo de la vida, alimentado por el incremento de los precios en servicios sensibles, como la energía eléctrica, el transporte, el gas doméstico, entre otros.

En medio de la crisis, al ejecutivo no le quedó más remedio que reintroducir en el país al Fondo Monetario Internacional, FMI, con el que contrató un abultado crédito de 57 mil millones de dólares entregados en plazos hasta 2023.

Esto provocó que el peso de la deuda creciera del 53,3 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, en 2015, hasta del 77,4 a mediados del año pasado, la más alta de la región, de acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Económica de la ONU para América Latina y El Caribe, CEPAL.

En el momento de esa medición, Argentina sólo había recibido el primer desembolso del FMI por 15 mil millones de dólares, por lo que la relación deuda-PIB seguirá creciendo a medida que se produzcan las demás entregas de fondos.

Un problema grave es que hasta ahora ese dinero solo ha servido para detener la caída del mercado cambiario y pagar compromisos con acreedores privados, y no para generar empleos o reactivar la economía que está en recesión.

Aunque algunos especialistas estiman que la situación todavía es manejable para el gobierno, el Premio Nobel, Joseph Stiglitz, advirtió que las medidas de austeridad provocan una ralentización de la economía e imponen un alto costo a la gente.

En el imaginario de buena parte de la población argentina todavía ronda la cesación de pagos ocurrida en 2001 que forzó la salida del presidente Fernando de la Rúa y sumió al país en una crisis profunda, de la que costó años salir y hacia la que parece encaminarse de nuevo con la actual administración.

El problema es que si no hay crecimiento del PIB, tampoco existirán posibilidades de cumplir los compromisos, sobre todo a mediano plazo, entre 2021 y 2023 cuando comiencen a vencerse los plazos para pagarle al Fondo la primera parte del préstamo.

Por otra parte, a medida de que la situación se deteriore, mayores serán las exigencias del FMI para aplicar más austeridad.

Debido a la naturaleza del crédito contratado, del tipo Stand By, la entidad tiene potestad para evaluar la economía argentina y dictar medidas que ya en otras ocasiones resultaron desastrosas.

Nada, amigos, que suele ocurrir que quien vive de créditos, muere de sobresaltos.