Por: Roberto Morejón

Quizás los halcones asesores del presidente estadounidense, Donald Trump, pronosticaron el desconcierto e inacción del gobierno cubano ante la agudización del bloqueo, pero la presunción sería errada.

El Consejo cubano de Ministros aprobó recientemente un conjunto de medidas a fin de potenciar la economía doméstica en las apremiantes condiciones presentes, cuando es difícil acceder a créditos y el tesoro público tiene limitaciones de divisas.

En ese contexto caracterizado por el imperativo de concretar desembolsos derivados de la reestructuración de la deuda, resulta lacerante el recrudecimiento del bloqueo estadounidense.

El entorno de austeridad se hizo más visible en Cuba, pues hasta Washington torpedea los envíos de petróleo de Venezuela, amparados en convenios suscritos.

Sin embargo, el gobierno revolucionario aprobó disposiciones para aumentar las producciones nacionales, estimular el trabajo, sustituir importaciones y crecer en exportaciones.

En un sitio importante de ese manojo de normas destaca el aumento de salarios en la rama presupuestada, es decir, la vinculada al Estado, y de las pensiones.

Durante años los empleados de instituciones oficiales y los servicios no recibieron el beneficio de una acción de ese corte, con la excepción de médicos y maestros.

Ahora la formulación genérica del incremento de salarios permite prever a los vinculados a la rama presupuestada que sus ingresos crecerán.

Satisfacción y encomios al gobierno se escuchan en estos días en el archipiélago caribeño, donde muchos sacan cuentas en su específico puesto de labor a partir de los avisados aumentos.

El alcance de las ordenaciones es notable, pues atenderá a más de millones 750 mil personas, muchas de ellas con opiniones vertidas durante años acerca de sus requerimientos de salarios más enjundiosos.

Además de que esas pautas están enfiladas hacia la satisfacción de expectativas también buscan estimular las fuerzas productivas.

El gobierno pretende incentivar la participación de todos los actores en la generación de situaciones más propicias para el desenvolvimiento conveniente de la economía local.

De ahí la insistencia en que los incrementos de salarios en la rama estatal contribuyan a promover mejores aportes para que las empresas concreten encadenamientos productivos, los municipios busquen el autoabastecimiento material y el país consiga la soberanía alimentaria.

El justificado regocijo de los empleados de la rama presupuestada debe estar acompañado del análisis sobre cómo los colectivos laborales pueden encontrar un ejercicio mejor en el cumplimiento de sus deberes.