Por: Roberto Morejón

La Organización Internacional del Trabajo informó que casi 215 millones de niños sufren esclavitud laboral en el mundo, aunque algunos políticos, como el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, parecen permanecer impasibles.

Organismos globales ponen de relieve la ausencia de políticas en muchos países para frenar la incorporación de los infantes a ocupaciones laborales.

Niños en diversas latitudes participan en faenas agrícolas, de servicio y mineras, en circunstancias de explotación, sin cobertura de salud o legal.

La República Democrática del Congo es señalada por el alto índice de explotación infantil en los filones de cobalto, del que la nación africana es un vasto reservorio, con el apetito de las transnacionales.

Ese material es imprescindible para fabricar las baterías de celulares o equipos electrónicos, un gran negocio en la actualidad.

Muy lejos de esa nación africana, en América Latina, luchan por reducir el uso de mano de obra de los individuos más tiernos en disímiles quehaceres.

Contra esa corriente se proyecta el ultraderechista presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, escudado en su trayectoria personal, pues, afirma, con corta edad recolectó maíz en una hacienda de Sao Paulo.

El sitio web The Trust Project y varios periodistas aludieron a una intervención del excapitán del ejército brasileño a través de Facebook en julio pasado.

En la exposición, Bolsonaro se ufanó, imperturbable, de que aquel trabajo agrícola NO le perjudicó.

El estadista ultraconservador ha manifestado indirectamente su anhelo de echar abajo la legislación brasileña prohibitiva del trabajo infantil.

Las oscuras ansias del dignatario apoyado por las élites económicas, mediáticas y religiosos conservadores chocan con políticas aplicadas anteriormente en Brasil.

Así fue durante los dos mandatos del ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva, hoy preso sin pruebas para apartarlo de la vida política.

Muchos brasileños saludaron el plan Bolsa Escuela para otorgar ayuda económica a familias si se comprometían a llevar a los hijos a las aulas y los apartaban de funciones productivas.

Obstaculizar o impedir que los niños lleguen a la madurez insertados en el sistema de enseñanza constituye una afrenta.

Al enrolarlos en actividades propias de adultos los condenan incluso a la tortura y los disuaden de labrarse un futuro de bien, en beneficio propio y de sus familias empobrecidas.

Hipotecar el porvenir de las nuevas generaciones incluso alegando experiencias personales supuestamente inocuas implica una irresponsabilidad mayúscula y contrasta en Brasil con experiencias honrosas precedentes.