A un año de la rebelión, ecuatorianos alegan tener aún motivos para protestas

Por: Roberto Morejón

El fantasma de la represión ejercida un año atrás en Ecuador contra quienes protestaron por una propuesta reforma económica del gobierno, vuelve a gravitar en el atribulado país sudamericano, agobiado por la pandemia y la recesión.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador denunció al Estado por lo que calificó de delitos de lesa humanidad, en referencia a los desmanes contra quienes rechazaron en octubre de 2019 un paquete neoliberal.

Ecuador vivió una rebelión popular sofocada de tal forma por los cuerpos del orden que la ONU habló de excesos y se refirió a 100 agresiones a periodistas. 

En aquella batalla campal resultaron muertas nueve personas, mil 500 heridas y mil 382 detenidas.

Es cierto que ante el empuje en las calles, el gobierno ecuatoriano desistió de eliminar el subsidio al combustible.

Pero organizaciones opositoras en Ecuador aducen que las regulaciones económicas que provocaron las protestas siguen en pie.

El movimiento laboral organizado y en especial el Frente Unitario de Trabajadores reprobaron una ley que estipuló este año la reducción de hasta la mitad de las horas de trabajo y recortes del salario.

También marcharon por las calles trabajadores informales, estudiantes universitarios y docentes de casas de altos estudios, cuyos presupuestos fueron menguados.

Los sindicatos invocan sufrir acoso por reprochar los convenios suscritos por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional a cambio de préstamos condicionados.

Ecuador, ciertamente, vive en constante agitación, a la que tributan los cuestionados procesos llevados a cabo por la justicia contra dirigentes de la Revolución Ciudadana y el expresidente Rafael Correa.

La errática gestión de la pandemia con hospitales colapsados y fallecidos sin sepultura arrojó ingredientes a la convulsión social.

Varias organizaciones sociales que convocaron en mayo último a un plantón pacífico en reclamo por los muertos desaparecidos y el abandono a la salud, denunciaron ser reducidos por la fuerza.

No asombra entonces que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador declarara octubre como Mes de la resistencia, en recordación del paro nacional de un año atrás. 

Quienes ordenaron neutralizar a los huelguistas afirmarán que resultan injustificadas las imputaciones de desmesurada aplicación de la fuerza.

Editado por Lorena Viñas Rodríguez



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