Trabas a la justicia

Por: Guillermo Alvarado

A 31 años de haber perpetrado la masacre de El Mozote, una de las más terribles ocurridas en la historia moderna de América Latina, el ejército de El Salvador se niega de manera obstinada a entregar los documentos que permitirían enjuiciar a los autores intelectuales y materiales de ese crimen.

Cuatro veces en las últimas semanas el alto mando militar se opuso a cumplir una orden emanada por la Corte Suprema de Justicia, con el argumento de que la entidad armada no está obligada a acatar ese dictamen, lo cual equivale a decir que se consideran por encima de cualquier ley.

Así lo expresó el titular de Defensa, René Merino Monroy, en una carta enviada al supremo tribunal donde dice que la institución que dirige no forma parte de ese proceso penal, ni puede considerarse que tenga interés directo en el fin último que se persigue en él.

Entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 el batallón contrainsurgente Atlacatl, entrenado por Estados Unidos en la tristemente célebre Escuela de las Américas, entonces ubicada en Panamá, ocupó la aldea de El Mozote y otros poblados cercanos, en el norte del departamento de Morazán.

Los militares retuvieron a la población civil, separaron a hombres, mujeres y niños y procedieron a interrogarlos mediante torturas para recabar información sobre los rebeldes.

Sistemáticamente cada una de las personas, sin importar edad ni sexo, fue ejecutada luego de someterla a crueles vejaciones.

Organizaciones humanitarias estiman que durante esos días fueron asesinados a sangre fría alrededor de mil habitantes de la zona, de los cuales más de la mitad eran niños.

A pesar de las evidencias y testimonios de algunos escasos sobrevivientes, los sucesivos gobiernos de El Salvador negaron ese crimen de lesa humanidad, hasta que cientos de cuerpos fueron desenterrados por una organización de forenses argentinos y fue imposible encubrir la masacre.

El 16 de enero de 2012 el entonces presidente Mauricio Funes pidió perdón en nombre del Estado a las víctimas y sus familiares, a la vez que reconoció la responsabilidad del ejército en los hechos.

Nunca, sin embargo, se ha logrado juzgar a nadie. Durante mucho tiempo los militares alegaron que esos archivos, donde están los nombres de las unidades y sus jefes durante esa operación, “se perdieron”.

Ahora simplemente se niegan a reconocer un dictamen del Tribunal Supremo, lo cual evidencia que el desprecio por la ley y la vida siguen primando en esa institución.

Editado por Maite González Martínez



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