Entre protección al medio ambiente y el extractivismo, finalmente la Asamblea Nacional de Ecuador se decidió por esta actividad, tras aprobar en los últimos días la polémica Ley de Minería y Energía.
Numerosas voces se han alzado para rechazar la sanción de la norma, presentada por el gobierno con carácter urgente en materia económica al órgano legislativo, donde cuenta con mayoría Acción Democrática Nacional, partido del presidente Daniel Noboa.
Ambientalistas, pueblos indígenas y otros sectores apuntan que la legislación flexibiliza controles ambientales en favor de las grandes empresas mineras, poniendo en riesgo la biodiverdad del país.
Para la CONAIE, Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la ley refuerza un modelo de dependencia extractiva que profundiza la desigualdad y la criminalización de la defensa territorial, sin resolver problemas estructurales del desarrollo.
Denunció que se obvió la consulta obligatoria con las comunidades, pueblos y nacionalidades, un requisito constitucional previo a la aprobación de cualquier norma que pueda afectar sus territorios o modos de vida.
Un punto que ha generado una fuerte oposición es el referido a la extracción para la construcción de material rocoso en las mundialmente conocidas Islas Galápagos, declaradas en 1978 Patrimonio Natural de la Humanidad.
Aunque el gobierno ha declarado que la legislación no permite esta actividad en el Parque Nacional de Galápagos, sino en sus alrededores, expertos han señalado que no obstante, se podría ver seriamente dañado un ecosistema único y protegido.
La extracción, explican, removerá suelo y vegetación, lo que destruirá hábitats donde viven especies endémicas y nativas.
Alertan que otro recurso en peligro es el hídrico, pues la minería pétrea puede afectar la calidad del agua superficial y subterránea.
Ya se anuncian acciones de diversas organizaciones contra la legislación, que califican de inconstitucional y una partida de defunción de la biodiversidad en Ecuador.
