El fantasma de las mal llamadas ZEDE, Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, ronda a Honduras, a pesar de ser rechazadas por buena parte de la ciudadanía por constituir una amenaza a la soberanía de la nación.
Organizaciones de la sociedad civil alertaron que el nuevo gobierno del país centroamericano, encabezado por el presidente Nasry Asfura, del derechista Partido Nacional, busca reactivar ese modelo declarado inconstitucional en septiembre de 2024 por la Corte Suprema de Justicia.
Un fallo judicial destacado por la Oficina en Honduras de la ONU para los Derechos Humanos, que subrayó que la posibilidad que entidades privadas establecieran sus propios sistemas administrativos, judiciales, tributarios y de seguridad implicaba que el Estado cediera competencias que guardan relación con la vigencia de los derechos humanos para sus habitantes, en condiciones de igualdad.
Las ZEDE fueron creadas en 2013 por el entonces presidente Porfirio López, también del Partido Nacional, y durante años fueron cuestionadas por ceder soberanía territorial al capital privado.
La llegada en enero de 2022 a la presidencia de Xiomara Castro, del Partido Libre, Libertad y Refundación, marcó un cambio. En abril de ese año el Congreso derogó esas zonas, en respuesta al reclamo popular.
Sin embargo, a pocos días de la toma de posesión de Asfura miembros del gubernamental Partido Nacional abrieron el debate sobre las ZEDE, máxime cuando el nuevo ejecutivo solicitó la reincorporación de Honduras al CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, adscrito al Banco Mundial.
Una petición formalizada a finales de la pasada semana por el presidente hondureño en su más reciente viaje a Estados Unidos, con fuertes intereses de políticos y empresarios en esos controvertidos proyectos.
Recordemos que durante el mandato de Xiomara Castro, se retiró Honduras de ese mecanismo, ante el cual han presentado millonarias demandas inversionistas de las denominadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, en las que destacan las vinculadas a las ZEDE Próspera y ZEDE Morazán.
El nuevo gobierno justifica su decisión para atraer inversiones, pero diversas organizaciones denunciaron que la realidad es que se priorizan intereses corporativos sobre los derechos del pueblo hondureño.
Comienza una nueva etapa de lucha del pueblo hlndureño, ante la posible reactivación de las ZEDE, sinónimo de privatización y despojo territorial, violación de los derechos humanos y ambientales y criminalización de quienes defienden los derechos de sus comunidades.
