La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó el decreto que dejó instalada la Comisión para la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, en presencia de los Poderes del Estado y otras autoridades.
En el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, sede de Gobierno, la mandataria expresó su agradecimiento a los presentes por su asistencia para abordar un tema que, a su juicio, ha sido “una deuda con el pueblo venezolano”, la justicia penal.
Al acto de instalación fueron invitados la titular del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Beatriz Rodríguez; el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento), Jorge Rodríguez; el fiscal general, Larry Devoe, y la defensora del pueblo, Eglée González.
Asimismo, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello; Ana María San Juan, secretaria del Programa de Convivencia Democrática y Paz, el ministro para Servicios Penitenciarios, Julio García, y el defensor público, Daniel Ramírez.
Además del presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía, diputado Jorge Arreaza; la presidenta de la Fundación Latinoamericana para los Derechos Humanos y el Desarrollo Social, María Eugenia Rousseau; y el coordinador del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, Ernesto Villegas; académicos, entre otros.
Rodríguez explicó que todos forman parte de la comisión nacional, la cual conducirá la gran consulta por todo el país para entrevistar a los venezolanos sobre la justicia penal, un “pedido del pueblo” acerca del acceso a la justicia para que sea oportuna, imparcial y sin diferenciación.
La gobernante destacó que se han dado pasos importantes, pero consideró la “deuda impostergable” y hay que atenderla, añadió.
Reafirmó que se avanzó, pero no es suficiente, porque todavía “persisten desviaciones de poder” y llamó a todos a avocarse de manera coordinada para atender este asunto.
Son reclamos de los venezolanos que aspiran a mantener relaciones de respeto, ir a un tribunal y recibir un buen tratamiento, enfatizó.
La gobernante subrayó que aún hay males que persisten y no han podido superar, por eso el proceso “no es solo para consultar a los académicos y especialistas, sino para hacerlo con el pueblo”, afirmó.
Cabello, por su parte, expuso los avances discretos alcanzados en los últimos tres años con la reforma de la justicia penal, que llevó a acciones contra la corrupción en el sistema judicial y policial, donde en este último más de 12 mil policías fueron destituidos por esa causa.
Asimismo, el presidente del parlamento ponderó la aprobada Ley de Amnistía, a la que en dos meses de aplicación 12 mil 187 personas solicitaron acogerse y de ese total casi nueve mil recibieron ya sus beneficios.
El legislador dijo no tener dudas que esta norma “sino la más, es una de las más intensivas leyes de amnistía aprobadas en el planeta entero”.
