Fuertes críticas ha generado en Chile la nueva reforma de seguridad para combatir el crimen organizado que impulsa el gobierno del presidente José Antonio Kast, y que ha sido calificada de extrema e irresponsable.
El rechazo, incluso en las filas del oficialismo, ha llevado a que el gobierno retire la urgencia legislativa en el Congreso, para como reclamaron muchos legisladores llevar a cabo un amplio debate.
El proyecto gubernamental pretende crear un nuevo estado de excepción constitucional, con fuertes restricciones a civiles y controles de desplazamiento y reunión, un ataque a los derechos de los ciudadanos.
Pero la iniciativa va más allá. Busca requisar bienes e interceptar telecomunicaciones, sin la debida orden judicial que avale esa acción, lo que ha causado malestar en la sociedad chilena, pues ha traído a la memoria una triste etapa de la historia del país suramericano.
Los expertos recuerdan que este fue un instrumento que la conocida CNI, Central Nacional de Informaciones, utilizó contra la oposición política durante la dictadura del general Augusto Pinochet, de 1973 a 1990 y que dejó más de 40 mil víctimas, entre torturados, ejecutados o desaparecidos.
Otro aspecto que preocupa en la reforma es que otorga al presidente la facultad de decretar el estado de excepción por 240 días, sin requerir autorización previa del Congreso, lo que ha sido sumamente cuestionado por concentrar demasiado poder en la figura del mandatario.
El proyecto propone crear una nómina oficial de grupos criminales y terroristas, lo que lleva a la pregunta de qué criterios se tomarán en cuenta y sino serán incluidas organizaciones incómodas para el gobierno.
Por demás la iniciativa amplía las facultades de las Fuerzas Armadas para intervenir en lo que denomina asuntos de seguridad pública, otro aspecto alarmante por los posibles excesos o violaciones de los derechos ciudadanos.
Para Javier Couso, abogado constitucionalista y director del Doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, la reforma de seguridad nacional que impulsa el gobierno contiene medidas absolutamente abusivas que van contra cualquier sistema democrático.
Aunque la inseguridad se ha convertido en un problema en Chile, diversos sectores de la sociedad ven la propuesta del gobierno como un riesgo para el aseguramiento de derechos y sus garantías.
