Los derechos humanos de los pueblos originarios han sido aún más vulnerados en Argentina desde que en diciembre de 2023 llegó a la presidencia del país suramericano, el ultraliberal Javier Milei.
El actual ejecutivo ha adoptado medidas que van contra las comunidades indígenas, como denunciaron en los últimos días representantes de esas etnias en una conferencia de prensa internacional, que se desarrolló de manera virtual.
Recordemos que tras asumir, el nuevo gobierno anunció que disolvería el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, derogó el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y le cambió el nombre al Salón de los Pueblos Originarios de la Casa de Gobierno.
Bien clara quedó la postura del gobierno de Milei, cuando en noviembre de 2024 Argentina fue el único país que votó en la ONU en contra de una resolución sobre la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas.
Entre otras acciones puestas en marcha por las autoridades está el fin del estado de emergencia territorial, que suspendía los desalojos de esos pueblos de sus territorios ancestrales hasta que se hicieran estudios de las tierras tradicionalmente ocupadas.
Esta disposición dejó aún más desprotegidas a las etnias indígenas y aceleró sus expulsiones.
Ahora el peligro de verse despojados de sus tierras es aún mayor por el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que en agosto pasado recibió el visto bueno del Senado.
La norma, que impulsa el gobierno, facilita los desalojos de comunidades indígenas de territorios que la Constitución argentina garantiza como espacios ancestrales.
Para los especialistas el proyecto de legislación facilita la persecución judicial a través del litigio, restando mecanismos a quienes defienden sus territorios.
La realidad es que bajo la presidencia de Milei, el panorama no es nada alentador para los pueblos autóctonos, históricamente discriminados y despojados de sus derechos.
