Los glaciares, esas gigantescas y fascinantes masas de hielo, son calificados por los científicos como una fuente de vida, pues, entre otros aspectos, contribuyen al equilibrio del clima y acumulan más del 75% del agua dulce del planeta.
Argentina, donde se localiza uno de los 10 más bellos glaciares del mundo: el Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz, fue el primer país de América Latina en aprobar hace más de 15 años una ley para conservar estos valiosos ecosistemas.
Desde su sanción la norma enfrentó la oposición de sectores vinculados a la minería, que buscaron limitar su alcance. Sin embargo, en 2019 la Corte Suprema de Justicia ratificó su constitucionalidad y reafirmó que estas zonas son un bien público.
Pero hoy los glaciares y ambientes periglaciales vuelven a estar en peligro. El presidente Javier Milei, quien niega el cambio climático, busca reformar esa legislación, con el pretexto de que representa un impedimento para el desarrollo del país suramericano.
El mandatario argentino intenta atraer millonarias inversiones mineras en esas áreas protegidas por la norma existente, que impide cualquier actividad que afecte su condición natural o su función como reservas hídricas estratégicas, ecosistemas o atractivo turístico.
Los planes del gobierno dejan de lado el derecho de los argentinos al agua, y ponen en riesgo directo, según especialistas, a 7 millones de ciudadanos, en su mayoría residentes en provincias áridas como Mendoza o San Juan, colindantes con la Cordillera de los Andes.
Organizaciones ecologistas han advertido que sin glaciares no hay agua y sin agua no hay futuro, al tiempo que afirmaron que no se puede permitir que se prioricen los intereses de las empresas privadas sobre las fuentes de vida de todos los argentinos.
Ya en 2024 por los reclamos de los ambientalistas y otros sectores de la sociedad como campesinos y pueblos indígenas, Milei no pudo avanzar en sus intentos de reformar la legislación. Pero ahora vuelve a la carga.
En diciembre pasado el gobierno mandó al Congreso su propuesta, que deja en manos de las provincias determinar cuáles son los glaciares que deben protegerse y cuáles pueden habilitarse para la actividad minera y de hidrocarburos.
Se espera que antes de que finalice el presente mes el órgano legislativo debata la reforma promovida por el ejecutivo, y que ya ha provocado manifestaciones en su contra y una campaña bajo la consigna ‘La ley de glaciares no se toca».
