Foto: Archivo/RHC.
Por: María Josefina Arce
La violencia continúa siendo un grave problema en Honduras, que tiene uno de los índices más altos de homicidios en América Latina.
El último informe de Alianza por la Paz y la Justicia confirma esta triste realidad. De acuerdo con el documento, la nación centroamericana registra casi 44 homicidios por cada cien mil habitantes.
El incremento del crimen organizado, especialmente el narcotráfico, una deficiente respuesta judicial que conlleva a la impunidad, la corrupción y los altos niveles de pobreza y desigualdad llevan a la creciente inseguridad ciudadana en el país de poco más de nueve millones de habitantes.
Precisamente Alianza por la Paz y la Justicia denuncia la gran impunidad existente, pues de cada cien asesinatos ocurridos el pasado año, 86 no fueron investigados.
Por su parte, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras afirmó que ni aún con la COVID 19 cesan las actividades ilícitas como el narcotráfico, la criminalidad y la extorsión.
La pandemia sin embargo, ha complejizado la situación, añadiendo un nuevo elemento. Las medidas adoptadas a nivel mundial, como las cuarentenas, para evitar la propagación de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus han venido aparejadas con un aumento de la violencia de género.
En lo que va de año el país superó las 40 MIL denuncias de este tipo, lo que se traduce en que una mujer es víctima de agresión física cada una hora.
El Fondo de Población de la ONU alertó que el confinamiento por la COVID 19 aumenta la exposición de mujeres y niñas a las acciones violentas y, además limita su movilidad para pedir ayuda o huir de sus agresores.
A esto se suma que Honduras es de los países más desiguales de América Latina. La pobreza alcanza a más del 60 por ciento de su población. Más de 800 MIL niños y jóvenes no tienen posibilidades de estudiar y trabajar, lo que los convierte en fácil objetivo de las temidas pandillas.
Para escapar de esa desigualdad y violencia, los hondureños han recurrido a la emigración irregular, que en muchos casos no ha tenido el resultado esperado.
Honduras requiere, señalan organizaciones sociales, programas que beneficien a los sectores más vulnerables, políticas para crear empleos dignos y que mejoren la educación y la salud para prevenir la violencia cada vez más enraizada en la sociedad.
