ABIR SULTAN / EFE

Por: Guillermo Alvarado

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recibió esta semana sendas dosis de cal y de arena cuando fue encargado de formar un nuevo gobierno luego de las elecciones de marzo pasado, casi al mismo tiempo del inicio de un juicio en su contra por tres cargos de corrupción y abuso de poder.

Como se conoce, ese país está sumido en una profunda crisis política que obligó a realizar cuatro comicios parlamentarios en los últimos dos años, sin que de ellos haya emanado un ejecutivo suficientemente fuerte para mantenerse en el poder.

Nada indica, además, que las votaciones del 23 de marzo vayan a dar un resultado diferente pues ninguna de las agrupaciones que participaron consiguió los votos suficientes como para gobernar en solitario.

Likud, el partido de Netanyahu, logró 30 de los 120 escaños del Parlamento y sumando a sus aliados tradicionales alcanza 52 diputados, lejos de la mayoría de 61 que le permitiría garantizar el cargo.

No obstante, el presidente israelí, Reuven Rivlin, le encargó formar un nuevo gabinete, algo que sólo logrará por medio de arduas negociaciones con políticos rivales, que sin duda alguna exigirán a cambio una cuota de poder para sus respectivas formaciones.

Esto sucede justo cuando comenzaron las audiencias en un tribunal, donde se acusa al gobernante de corrupción, fraude y abuso de confianza en tres casos que mantienen en las calles a numerosos grupos que exigen su renuncia.

Resulta un caso atípico, y una novedosa paradoja, que un político sea al mismo tiempo encargado de formar gobierno y sentado, a la vez, en el banquillo de los acusados por presuntas faltas graves.

La fiscal general del Estado, Liat Ben-Ari, dejó claras las reglas del proceso al asegurar que "Todos son iguales a los ojos de la ley y todas las personas son iguales ante el tribunal y ante los jueces; los más grandes y los más pequeños, los ricos y los pobres, los que tienen más y menos poder".

Aseguró la magistrada que Netanyahu hizo un mal uso del poder que se le confió cuando, entre otras cosas, exigió y obtuvo beneficios de los principales medios de comunicación para promover sus intereses personales.

La más grave de las acusaciones, conocida como “Caso cuatro mil”, lo señala de otorgar favores al gigante de la telefonía israelí Bezek, a cambio de recibir una cobertura periodística positiva de la agencia Walla, ambas propiedad del empresario Shaul Elovitch.

No se sabe todavía si el polémico gobernante seguirá al frente del país, o si acaso irá a prisión por sus delitos, pero es una interesante lección de cómo se hace política y se maneja eso que llaman democracia en algunos sitios.