Por: Guillermo Alvarado

El gobierno de Argentina se sumó como querellante a un juicio planteado contra el expresidente Mauricio Macri y varios funcionarios de su administración, que son sospechosos de un fraude gigantesco con un préstamo concedido en 2018 por el Fondo Monetario Internacional, FMI, a ese país.

Como es conocido, en ese año la entidad multilateral de crédito, dirigida entonces por la francesa Christine Lagarde, firmó un acuerdo con el gobierno de Macri por poco más de 56 mil millones de dólares, supuestamente para capitalizar la maltrecha economía nacional.

Entre mayo de 2018 y octubre de 2019 el FMI entregó un total de 44,5 mil millones de dólares, que en lugar de inyectarse en el aparato productivo propiciaron, junto a las reservas del país, una fuga de capitales por 45 mil millones de dólares que favoreció a personas naturales y jurídicas.

Se sospecha que el ex gobernante y sus ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, de Finanzas, Luis Caputo, y los antiguos titulares del Banco Central, Adolfo Struzenegger y Guido Sandleris, entregaron información privilegiada a allegados y familiares para sacar ese dinero al exterior.

Ahora es todo el pueblo argentino el que debe pagar esa deuda que no lo benefició absolutamente en nada e hizo más ricos a los ricos.

La Oficina Anticorrupción presentó en marzo pasado una denuncia por "defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos" contra Macri y sus funcionarios, a la que ahora se sumó el ejecutivo.

El gobierno de Alberto Fernández está negociando con el FMI nuevas y más favorables condiciones para cumplir esas obligaciones, que constituyen un compromiso ineludible del Estado.

Para que se tenga una idea de la gravedad del asunto, en septiembre próximo se vence un pago por mil 835 millones de dólares, en 2022 deben abonarse otros 17 mil 346 millones de dólares, y al año siguiente 18 mil 395 millones, más los intereses acumulados en ese período.

Argentina aspiraba a lograr un acuerdo en mayo, pero la directora del Fondo, Kristalina Georgieva, dijo que esto quizás sea posible en octubre.

Hay que señalar que el FMI también realiza una investigación interna pues tanto en las negociaciones del crédito, como en la entrega parcial del dinero se cometieron varias irregularidades.

Como quiera que sea, el fisco argentino tendrá que usar fondos públicos, es decir de los impuestos que paga la gente, para solventar un compromiso tramposo de un gobierno que se dedicó nada más que a favorecer a los poderosos, entre ellos la misma familia de Macri.

Nada amigos, entre pillos te veas…