AP / Francisco Vigo.
Por: Guillermo Alvarado
Se cumplieron ayer tres semanas de la segunda vuelta de los comicios presidenciales de Perú sin que se proclame al vencedor, período de tiempo en que toda la podredumbre de las democracias electoreras va saliendo a la luz de manera paulatina, pero implacable.
La derecha limeña, donde se concentra el poder financiero, mediático y, hasta ahora, el político, está haciendo todos los esfuerzos posibles para evitar que el profesor Pedro Castillo, que ganó el evento por más de 40 mil sufragios por delante de Keiko Fujimori, sea declarado próximo jefe de Estado.
Como una especie de Trump andino, la hija del antiguo dictador Alberto Fujimori presentó todos los recursos que le vinieron a la mente, sin pruebas ni fundamentos, y agotada esta argucia ahora simple y llanamente pide anular las votaciones que evidentemente perdió.
El caso es que los observadores internacionales, incluida la nada confiable Organización de Estados Americanos, OEA, calificaron de correcto el proceso electoral, pero las impugnaciones siguen y las autoridades las acatan.
La prolongada espera, así como recientes evidencias divulgadas en el país, hacen que algo huela muy mal en el Jurado Nacional de Elecciones, JNE.
En efecto, se conocieron grabaciones de llamadas hechas desde prisión por Vladimiro Montesinos, el macabro jefe de inteligencia durante la administración de Fujimori padre, instando a corromper a tres magistrados del organismo que debe certificar el resultado de los comicios.
Llama poderosamente la atención que uno de los magistrados del JNE, Luis Arce, sorpresivamente declinó su cargo y paralizó las actividades de la entidad durante algunos días, hasta que el sábado reciente se nombró a un sustituto.
Tras detonar el escándalo, Keiko Fujimori intentó poner distancia entre ella y Montesinos, pero mantiene todos los obstáculos posibles para evitar un desenlace desfavorable a sus intereses.
Buenas razones tiene para ello, porque si no logra aferrarse a la presidencia, tendrá que responder ante los tribunales por un delito de lavado de dinero que la podría mandar a prisión hasta por 30 años.
En el ínterin, Castillo ha incrementado su popularidad dentro y fuera de Perú. Un reciente sondeo indica que el profesor originario de Cajamarca tiene el 45 por ciento de aprobación en el país, ante el 30 de su rival, una diferencia mucho mayor de lo que reflejaron las urnas hace tres semanas.
Nadie duda que urge una definición al más corto plazo posible, en un Perú fraccionado que necesita de un nuevo rumbo, diferente a la “democracia” de papel que le han impuesto durante décadas y cuyos resultados están a la vista.
