Justicia reclaman en Perú las víctimas de las esterilizaciones forzadas llevadas a cabo en la década del 90 del siglo pasado, bajo el mandato del dictador Alberto Fujimori, padre de la actual presidenta Keiko Fujimori.
Cerca de 300 mil personas, en su mayoría mujeres de las regiones más pobres del país andino, fueron objeto de esta práctica quirúrgica, como parte de una política de control demográfico del gobierno dirigida a personas que vivían en condiciones de pobreza.
Durante años las víctimas han demandado justicia, sin resultado. Es así que Alberto Fujimori murió en 2024 sin haber sido juzgado por estos hechos criminales.
Y ahora este legítimo reclamo ha quedado archivado, por decisión de la justicia peruana, algo que se veía venir con la llegada a la presidencia de Keiko Fujimori.
Sin embargo, no se pueden borrar las pruebas que demuestran la realización de esterilizaciones sin consentimiento de las víctimas, que fueron engañadas y amenazadas.
Y aunque la propia Fiscalía reconoce que el caso involucra crímenes de lesa humanidad, un fiscal de Lima, la capital, determinó archivar la investigación, escudándose en una ley aprobada por el Congreso en 2024 y calificada de contraria al derecho internacional.
La legislación, casualmente promovida por el derechista Fuerza Popular, partido de la actual presidenta, permite proscribir los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002.
Las víctimas y las organizaciones que las representan han afirmado que impugnarán la decisión de archivar la investigación y seguirán buscando que se haga justicia.
Expertos han denunciado que la medida niega el derecho a la verdad y la justicia de esas personas, quienes sufrieron vejaciones y en algunos casos hasta murieron, tras la intervención quirúrgica.
Lo cierto es que la impunidad gana terreno en Perú, con el retorno al poder del fujimorismo
