Asesinatos de líderes sociales en Colombia

Bogotá, 7 sep (RHC) Organizaciones sociales y partidos políticos de Colombia denuncian la ola de violencia acrecentada en su país en las últimas semanas, con el reporte de más masacres de jóvenes y asesinatos de líderes sociales.

Las principales centrales obreras de Colombia convocaron a un paro nacional en las principales ciudades del país suramericano, en rechazo a la violencia en el país y para apoyar el Decreto 1174 por medio del cual se establece el denominado piso de protección social.

Las organizaciones de los trabajadores protestan también en contra del préstamo de 370 millones de dólares por parte del Estado a la aerolínea Avianca Holdings.

“Rechazamos la manera en la que el presidente ha tomado la pandemia para asumir una posición dictatorial. Ha dictado decretos como el 1174, que hace prácticamente una reforma laboral, algo que no le compete. Lo que debe asumir son las vidas que se han perdido a manos de las fuerzas oscuras y de la Covid-19. Por eso nos desbordamos a las calles”, expresó el presidente de la CUT, Diógenes Orjuela.

Si bien el Acuerdo de paz entre las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado se firmó en 2016, distintos sectores han denunciado el incumpliendo del pacto por parte del Gobierno, como una de las principales causas del incremento de homicidios.

De igual manera, se ha hecho referencia al repunte del paramilitarismo y de las actividades criminales de las llamadas disidencias de los grupos armados, en las zonas que fueron dejadas por la guerrilla desaparecida.

El tema de las masacres recientes trajo al presente una reminiscencia de la historia colombiana, que entre los años 80 y la primera década de 2000 estuvo marcada por matanzas y hechos de sangre, protagonizados por grupos armados ilegales y del Ejército en contra de la población civil.

En agosto, dos hechos de sangre conmovieron a Colombia: la masacre de cinco adolescentes en Cali (Valle del Cauca), que habrían sido ultimados por dos vigilantes de un sembradío de caña de azúcar, según investigaciones de la Fiscalía, y el asesinato de nueve jóvenes que se encontraban en una reunión en Samaniego (Nariño), cuyas causas aún no han sido aclaradas por la Justicia.

Estas muertes han sido calificadas por el presidente Iván Duque como "homicidios colectivos", lo que ha generado fuertes críticas entre actores políticos de oposición y defensores de los derechos humanos, que han afirmado que con esa denominación no se atiende el problema de fondo que es la situación de vulnerabilidad en las que se encuentran campesinos, jóvenes, indígenas, líderes sociales y excombatientes.

Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos documentó hasta el 17 de agosto pasado 33 masacres, y dio seguimiento a 97 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Del mismo modo, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registró hasta el pasado 25 de agosto un total de 46 masacres, de las cuales 13 habrían ocurrido solo en agosto.

Una cifra que se mantiene constante mes a mes en Colombia es la de los asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos.

En los 250 días de este año, 205 líderes comunitarios han sido ultimados, lo que significa casi un homicidio diario, según los registros de Indepaz. En el recuento de las víctimas del partido Fuerza Revolucionaria del Común (FARC), la cifra alcanza los 1000 luchadores sociales desde la firma del Acuerdo.

Los excombatientes de las extintas FARC que han dejado las armas también han sido parte de la espiral de la violencia. Hasta el pasado 2 de septiembre se reportaba el asesinato de 225 exguerrilleros desde que se firmó el Acuerdo de paz, mientras que, en este año, el número de víctimas fatales asciende a 42, según Indepaz.

Fuente: Rusia Today y Telesur