En el corazón de las recientes transformaciones económicas aprobadas en Cuba, el sector agropecuario emerge como un eslabón fundamental para la seguridad alimentaria de la nación.
El plan de reformas, enmarcado en el Eje Temático 7, propone cambios profundos en la gestión de la tierra y el modelo cooperativo, con el objetivo de dinamizar un sector que enfrenta limitaciones estructurales y un contexto internacional adverso.
No se trata de una simple actualización, sino de un intento por desatar fuerzas productivas largamente contenidas, reconociendo que la producción de alimentos es un asunto de seguridad nacional.
La pieza central de esta estrategia es la flexibilización del acceso a la tierra. La propuesta mantiene el principio de propiedad estatal, pero busca agilizar el otorgamiento de tierras en usufructo por tiempo indeterminado a personas jurídicas y naturales, incluyendo al sector privado y mixto.
Esta medida, que se apoya en el Decreto-Ley 358, pretende poner en producción tierras ociosas, un tema reiterado en múltiples debates cuando se habla de sacar provecho a la tierra. Sin embargo, la verdadera novedad radica en eliminar los requisitos de trabajo directo y estable para los usufructuarios, un gesto que podría incentivar la inversión y la gestión empresarial, aunque también impone desafíos y abre interrogantes sobre el control estatal de la producción, entre otros factores de riesgo.
Paralelamente, se proyecta una transformación radical del modelo de gestión cooperativa. Las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) verían ampliadas sus facultades para importar combustibles e insumos, gestionar financiamiento externo y realizar comercio exterior de forma directa, incluso con la posibilidad de abrir cuentas bancarias en el exterior.
Este salto cualitativo busca convertir a las cooperativas en actores económicos de pleno derecho, capaces de insertarse en mercados globales y superar el cuello de botella de la falta de divisas e insumos. No obstante, la implementación de estas medidas requerirá un cambio cultural profundo y una claridad regulatoria que evite la discrecionalidad y garantice la equidad entre los diferentes actores.
De modo que, como han reiterado las autoridades, se trata de un programa audaz y necesario en un momento de crisis y de una feroz agresividad por parte de Estados Unidos contra Cuba. Su éxito dependerá de la capacidad del Estado para desplegar un acompañamiento efectivo, que incluya no solo la entrega de tierras, sino también el acceso a financiamiento, tecnología y asistencia técnica.
La transformación agraria en Cuba no es solo un problema de leyes, sino de voluntad política y eficiencia en la gestión, donde el objetivo final debe ser la soberanía alimentaria del país, un desafío que esta transformación busca afrontar con herramientas renovadas.
