Por María Josefina Arce
La paz ha perdido el camino en Colombia, donde la sociedad continúa desangrándose por la violencia y la falta de voluntad política para llevar a buen termino un proceso necesario para todos los colombianos.
No fueron fáciles las conversaciones entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la otrora guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo que llevaron al final del conflicto armado que duró décadas.
Pero el esfuerzo de años se ha desvanecido en el aire. La realidad es que poco se ha avanzado desde noviembre de 2016 cuando se firmó lo que sería calificado como un histórico acuerdo de paz.
El anunciado inicio de una nueva etapa parece haber quedado solo en eso, el anuncio. Los combatientes cumplieron e hicieron dejación de las armas para desde la sociedad civil trabajar en la construcción de la tan anhelada paz, sin embargo, las autoridades no han cumplido, y los asesinatos de ex guerrilleros no se detienen.
Con el asesinato en los últimos días del ex comandante Wilson Saavedra ya suman 130 los antiguos combatientes que han sido ultimados desde que se firmó la paz en la nación sudamericana.
Numerosas voces se han alzado para condenar los incumplimientos del acuerdo de paz del gobierno del presidente Iván Duque, al tiempo que han exigido el respeto a la vida.
En conferencia de prensa encabezada por Rodrigo Londoño, máximo líder del hoy Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, la exguerrilla reiteró su solicitud al presidente Iván Duque de una reunión para abordar el tema de las garantías a los ex combatientes y su reinserción en la sociedad.
En ese sentido, los ex rebeldes se preguntaron hasta qué numero de muertos deben esperar, antes que Duque como jefe de estado y cabeza de gobierno acepte una petición formulada desde que asumió el poder en agosto de 2018 y los reciba.
El hoy partido político consideró que el asesinato sistemático de ex guerrilleros es resultado de una campaña de estigmatización y de odio contra la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, promovida por la ultraderecha en Colombia.
Una paz real y duradera está lejos. Al asesinato de ex guerrilleros se suma el de líderes comunitarios, lo que pone en entredicho uno de los principales objetivos del acuerdo, que es garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.
Las zonas rurales donde operaba la insurgencia aún esperan por esos proyectos sociales que debían garantizar el avance para su desarrollo económico y social. Las carreteras, escuelas y electricidad, entre otras promesas, aún no han llegado.
Y por el contrario muchos de los habitantes de esas regiones han sido desplazados por la violencia de los grupos paramilitares que ahora operan allí. De acuerdo con fuentes periodísticas, unas 210 MIL personas se han visto obligadas a emigrar a otras zonas ante la inseguridad y el temor por sus vidas.
Colombia necesita la paz, nadie lo duda, pero esta no se construye con promesas incumplidas, exige el esfuerzo, no solo de una parte, sino de todos los sectores de la sociedad. Es cierto que el camino es difícil, pero si se pudo limar asperezas, llegar a consensos y suscribir un acuerdo en bien de todos, también se puede avanzar en su implementación, porque el pueblo colombiano quiere y merece la paz.
