La violencia que se ha adueñado de Ecuador además de las numerosas víctimas mortales que ha provocado, que el pasado año contabilizaron más de nueve mil, lleva aparejado otro fenómeno, el desplazamiento forzado de miles de familias.
En los últimos 3 años más de 300 mil personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares a causa de amenazas de muerte, extorsión, asesinatos y el peligro del reclutamiento de menores por grupos criminales, de acuerdo con la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Sin embargo, entidades defensoras de los derechos humanos estiman que podría ser mayor la cifra de ecuatorianos que han tenido que huir de sus comunidades ante el alto grado de inseguridad.
En la actualidad Ecuador tiene el tercer mayor índice de desplazamiento interno por hechos violentos en América Latina.
Los ciudadanos que se ven obligados a abandonar sus hogares están en una condición de vulnerabilidad. Pierden su entorno familiar, social y económico, ademas de enfrentarse a dificultades para acceder a vivienda, salud, educación y empleo.
Por demás, no existe un reconocimiento legal del desplazamiento forzado por la violencia, señaló Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil.
Esto significa, apuntó Navarrete, que el fenómeno no se discute, no se toman medidas para proteger a las víctimas, ni se crean mecanismos para monitorear y asistir a las comunidades afectadas.
Y esta crisis silenciosa se profundiza cada día, pues la violencia no cede. La estrategia de seguridad puesta en marcha por Daniel Noboa, al llegar a la presidencia de Ecuador en 2023 no ha conseguido poner coto a esta situación.
El gobierno ha apostado por una política de mano dura, la militarización de las calles y la declaratoria de estados de excepción. Pero la situación requiere una respuesta integral, que, de acuerdo con los expertos, combine protección jurídica, inversión social y mecanismos de reparación.
Invisibles, así califican muchos a las personas que se han visto obligadas en Ecuador a dejar sus hogares por la violencia que sacude al país y que cada día ven vulnerados sus más elementales derechos.
